La sucesión de autos y sentencias en contra del movimiento de graneles en el Puerto de Alicante ha terminado por desatar una alarma social en el colectivo de trabajadores y la propia Autoridad Portuaria, que ha visto como esta misma semana se ha suspendido la llegada de dos barcos graneleros. Además, el último que pudo operar, el Spanaco, que trajo trigo para Harinas Bufort el viernes pasado no volverá y ha elegido Gandia para seguir moviendo una carga (cereal) que había recuperado Alicante en septiembre tras 40 años sin barcos.
Ayer, la actividad laboral de los estibadores se había reducido un 90%, según José Castell, presidente del colectivo y, además, un nuevo auto del tribunal de lo Contencioso Administrativo 1 de Alicante ha activado el decreto del exvicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón, instando a las empresas que trabajan en el Puerto a pedir la licencia ambiental municipal.
El Puerto mueve al año 1,8 millones de toneladas de granel con un impacto económico de 1,5 millones de euros, según trasladó la propia Autoridad Portuaria al Juzgado en sus recursos para tratar de parar la paralización de los graneles. Por su parte, la Cámara de Comercio mostró ayer su preocupación por la repercusión laboral que puede traer la paralización de los graneles e instó al Puerto y a la Conselleria de Medio Ambiente a resolver el contencioso.
José Castell, presidente de la Asociación de Trabajadores dependientes de la Autoridad Portuaria, afirmó que «la prohibición no sólo afecta a los estibadores, sino a cientos de trabajadores que dependen de los graneles como son mecánicos, camioneros, empleados de las cementeras. Como esto siga así van a llegar los expedientes de regulación de empleo y si las empresas cierran, ya me dirán de qué van a comer las familias que dependen de la actividad portuaria».
El presidente de la Asociación de Trabajadores del Puerto rechazó, por otro lado, que «los acopios (granel) que se depositan en los muelles para su carga en los barcos superen la altura de las pantallas. Es mentira. Que vengan al Puerto y lo vean».
Por su parte, Juan Bautista Riera, presidente de la Cámara de Comercio, exigió al «Puerto y a la Generalitat que aborden el problema y busquen una solución que sirva para trabajadores y vecinos. Urge tomar medidas porque si se desvían barcos, puede producirse una auténtica sangría de puestos laborales y eso no se puede permitir».
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha revocado la autorización provisional que concedió al Puerto hace dos semanas para cargar graneles en tres barcos y, por tanto, volvió a suspender la actividad en los muelles, que se cierran a los graneles hasta que las pantallas cortavientos se dispongan en forma de «u» y sean más altas que el acopio.
