2018 se prevé un año de cambios tanto en material fiscal, laboral y mercantil. Son varias las novedades a las que tendrán que hacer frente las empresas, como los cambios en materia de protección de datos, en fiscalidad autonómica e internacional, de controles y limites en materia laboral y de exigencias para poder contratar con la Administración.

Ante un auditorio de casi doscientas personas Cuatrecasas, en colaboración con CaixaBank y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), expuso los cambios fiscales, laborales y mercantiles del año en curso.

Las máximas novedades fiscales de 2018 están en la fiscalidad internacional y en la implementación en España de las directivas europeas ATAD (Anti Tax Avoidance Directives) que deben implementarse necesariamente en los años 2018 y 2019.

Al respecto Beatriz Parejo, Subdirectora Adjunta de la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos, dijo que desde el punto de vista español esto va a implicar que tengamos que revisar la Ley del Impuesto sobre Sociedades español para incrementar las medidas antielusión en las operaciones transnacionales y, en particular, aquellas que tienen que ver con: deducibilidad de gastos financieros, transparencia fiscal internacional, exit tax y asimetrías híbridas. Su impacto puede llegar a ser muy notable. A modo de ejemplo, la salida de Reino Unido de la UE, acompañada de la bajada de tipos de gravamen que está aplicando Reino Unido, podría llegar a implicar que tuviera que aplicarse a la totalidad de las entidades (e incluso establecimientos permanentes) ubicados en Reino Unido la imputación de rentas allí generadas.

Por su parte Pedro A. Gil, socio de Cuatrecasas, recordó que en el ámbito de la financiación autonómica está pendiente la renovación completa del sistema de financiación.

En el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, impuestos que afectan en mayor medida a las empresas familiares, no hay cambios relevantes para el ejercicio 2018, salvo por el hecho de que, hasta el momento, no se ha prorrogado todavía la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio para 2018, lo que implicaría que este año no se pagaría el impuesto. No obstante, la falta de novedades no implica que no sea necesaria una modificación urgente de los impuestos, y , en particular, del Impuesto sobre Sucesiones, cuya tarifa está muy desactualizada y resulta casi confiscatoria en algunos casos; además de que obliga a vigilar muy cuidadosamente el cumplimiento de los requisitos que posteriormente permiten aplicar los beneficios fiscales de la empresa familiar.

Mª José Guillén, socia de Cuatrecasas citó entre las novedades en material mercantil la referente a una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la retribución de los consejeros ejecutivos. La sentencia estima que no es necesario que estas retribuciones consten en los estatutos de la empresa o tengan que ser aprobadas por la junta general. Basta simplemente con que estén reflejadas en el contrato aprobado por el Consejo de Administración.

Asimismo recordó la sentencia del Tribunal Supremo en materia de aplazamientos de pagos en las relaciones comerciales que estimó que todos aquellos pactos para el plazo del pago que exceden del límite de 60 días resultan nulos por contravenir la ley, incluidos aquellos pactos que, acogiéndose a normativas de la ley de Morosidad, permitieran incrementar estos tiempos.

Habló de las cláusulas de arrastre o "drag along", cuyo fin es facilitar la adquisición por un tercero de una cantidad relevante de participaciones frente a posibles conductas obstruccionistas de los socios minoritarios. Y de una reciente resolución que establece cuáles son las mayorías requeridas para inscribir esos pactos en el Registro Mercantil y exige para su inclusión estatutaria que haya mediado el consentimiento unánime de los socios.

Finalmente abordó el tema del artículo 348 bis que preveía el derecho de separación del socio en caso de falta de extinción de dividendos y sobre el que actualmente existe una proposición de ley para modificarlo, corregir errores y evitar la conflictividad societaria.

Protección de datos

Por su parte Marcos González, abogado de Cuatrecasas subrayó los aspectos diferenciadores de la nueva Ley de Protección de Datos (RGDP) que entrará en vigor el próximo 25 de mayo. Una normativa que deben incorporar todas las empresas y cuya omisión conllevará multas por infracción que pueden elevarse hasta los 20 millones de euros o representar un 4% del volumen de negocio de la empresa durante el anterior ejercicio.

La normativa explicita que se necesitará el consentimiento inequívoco de la persona para que se puedan utilizar sus datos, asimismo el usuario deberá conocer todos los derechos que le asisten y finalmente mediante el principio de responsabilidad activa se tenderá a unificar el tratamiento de datos siguiendo la normativa del reglamento europeo. Otra de las novedades en esta materia es la creación de la figura del Delegado de Protección de Datos para empresas de mayor volumen que necesiten dar un tratamiento adecuado a datos sensibles.

Por su parte Sergio Fernández, consejero del Área de Derecho Público de Cuatrecasas, expuso los aspectos más relevantes de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018.

A este respecto, subrayó la intención del legislador estatal de facilitar la participación de las PYMES en las licitaciones y su acceso a la contratación pública, la introducción del principio de integridad en la nueva regulación del sector, así como la apuesta por las consideraciones sociales y medioambientales y, en especial, por la contratación electrónica.

El consejero de Cuatrecasas se detuvo también en remarcar las modificaciones del nuevo texto legal respecto de la normativa todavía en vigor. Entre otros aspectos relevantes, destacó la desaparición del contrato de colaboración público privada y del contrato de gestión de servicios públicos como tal, la introducción del contrato de asociación para la innovación, la reducción de las cuantías de los contratos menores y la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía.

Laboral

Posteriormente y en materia laboral Francisco Javier Lacomba, abogado de Cuatrecasas dijo que en 2018, van a ser protagonistas indiscutibles las nuevas exigencias sociales a las empresas para poder ser contratadas por la Administración; las facilidades a los trabajadores autónomos introducidas el año anterior o los límites al control empresarial de la actividad de los trabajadores a través de cámaras de video vigilancia o de los medios informáticos facilitados por el propio empleador.

Es de prever que se colará en la vida de muchas empresas la agenda legislativa para 2018, que proyecta cambios normativos de enorme trascendencia para muchos sectores productivos. En particular, dijo, "las empresas cuyo negocio consiste en ser contratistas de otras podrían ver comprometido su futuro merced a la equiparación de las condiciones esenciales de trabajo de los trabajadores de la contrata y de la empresa principal".

Asimismo, y con carácter general, podrían encontrarse las empresas con la obligación de registro diario de la jornada de trabajo impuesta legalmente, si prosperase la iniciativa legislativa que plantea esta modificación. Menos avanzados pero en marcha se encuentran otras propuestas normativas, como la relativa a la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, admitida ya a trámite, o un nuevo modelo de contratación que reduzca los diferentes tipos de contrato de trabajo existentes en la actualidad, que todavía se encuentra en la mesa de diálogo social.