La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la causa por la participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en once sociedades inmobiliarias, lo que habría generado pérdidas de 467 millones de euros a la entidad, al ver indicios de un «plan criminal grupal» para generar «réditos» a sus gestores. La sección cuarta de la sala de lo Penal revoca así el archivo por prescripción decretado el pasado mes de marzo por la juez Carmen Lamela a instancias de la Fiscalía y da la razón al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de dinero público en la caja antes de su venta.

La fiscal Belén Dorremochea entendía prescrita una presunta administración desleal por parte de los investigados, antiguos miembros de la comisión de control de la caja y de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones. Argumentos que ahora rechaza la sala, al valorar que, en virtud del Código Penal vigente entonces, los hechos constituirían una «serie separada de operaciones de deslealtad» en la que también encajaría la apropiación indebida, lo que permitiría ampliar el plazo de las investigaciones.

Según la Audiencia, existen alternativas que permiten aumentar la duración de las pesquisas como son la estafa cualificada y la asociación ilícita al tratarse de una «trama grupal que puede superar la mera codelincuencia». Los jueces perciben una «mecánica hecha por determinados administradores con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares con urdimientos torticeros».

El caso es por once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas de 467 millones. Entre las operaciones, destaca la del grupo Ros Casares y la Ciudad Ros Casares. Entre los querellados se encuentran el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil Mallebrera, además de todos los miembros de la comisión de control que presidía Juan Ramón Avilés, el órgano encargado de fiscalizar las operaciones bajo sospecha. A ellos se suman los responsables de las empresas socias de la CAM: Enrique Ballester, José Luis Bartibas y José Miren Garmendia.