José Luis Zaragozá, Valencia

La propuesta de autorización de Ford a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), formulada en el consejo de administración de ayer, para mantener la ocupación de superficie en del muelle Costa de la ampliación sur del recinto de Valencia -prolongada hasta junio de 2008, luego se traslará al dique Este-, viene a constatar la voluntad de la multinacional del óvalo por mantenerse en este puerto, ya que trasladarse al del Camp de Morvedre aumentaría sus costes logísticos.

El retraso en la puesta en marcha del corredor mediterráneo de infraestructuras, que conlleva la creación del acceso norte terrestre para camiones al puerto de Valencia (para evitar los 35 kilómetros que supone la circunvalación de la V-30), así como un nuevo trazado ferroviario para mercancías, demoran los planes de Ford España de cara a usar Sagunt en sus operaciones de transporte. En los últimos meses, tanto el presidente de la compañía, José Manuel Machado, como el director de Fabricación, Antonio S. Adés, han reclamado insistententemente la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias de la Comunitat para garantizar la competitividad de la fábrica. A la vuelta de un lustro, la fábrica valenciana recibirá gran parte de sus componentes desde Asia, por lo que las redes de transporte resultan claves en su estrategia comercial.

El presidente de la APV, Rafael Aznar, reconoció ayer que cuando se resuelva la conexión logística entre Almussafes y el puerto de Sagunt "será el momento de plantear su traslado [el de Ford] al cluster [concentración de un sector] de la automoción", donde Toyota instalará un centro logístico de vehículos. La firma KIA ya ha iniciado sus operaciones.

Otra mercantil que renueva su confianza por el puerto de Valencia es la naviera Trasmediterránea (en manos de Acciona y participada por la CAM), que amplía su concesión hasta el año 2030. Aznar se congratuló de la suspensión de la huelga de estibadores, tras la transformación jurídica de las sociedades estatales en agrupaciones de interés económica (APIE), con mayoría de control de empresas y trabajadores, y no del Ministerio de Fomento.