El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, exploró en un momento de desespero antes del pacto del Botànic la vía del acuerdo con Ciudadanos. Fue un coqueteo fugaz, una suerte de medida de presión a Mònica Oltra, que se resistía a dar la presidencia a los socialistas. Al final, la pinza PSPV-Ciudadanos no cuajó, pero hubo sintonías personales entre Puig y la portavoz del grupo en las Corts, Carolina Punset. Lo que quizás no pudo imaginar el jefe del Consell es que la coincidencia sería casi absoluta en una de las cuestiones claves de la legislatura: la lucha contra la infrafinanciada y la reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Puede que Albert Rivera no esté de acuerdo en que la Comunitat Valenciana sea la peor financiada (así lo aseguró en una entrevista publicada en Levante-EMV) pero al menos sobre el papel plantea una solución muy parecida a la del Ejecutivo para acabar con los desequilibrios financieros.

Y es que el programa nacional con el que Rivera concurre a las elecciones del 20 de diciembre contiene una propuesta sobre financiación territorial que se parece como dos gotas de agua a las bases del nuevo modelo que el presidente Puig y su equipo económico presentó hace dos semanas en el Palau de la Generalitat.

Se trata de la propuesta número 25 del documento electoral de Ciudadanos. El punto de partida sería suscrito no sólo por el PSPV sino por prácticamente cualquier fuerza política valenciana: «garantizar la igualdad básica de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, en particular, cuando se trata del disfrute de los servicios públicos esenciales. «Debería elaborarse una cartera básica de tales servicios cuya garantía estaría constitucionalmente respaldada por la financiación que al Estado compete asegurar», añade el texto. Un planteamiento que entronca con el principio de equidad horizontal que reclama Puig para garantizar «el mismo acceso a los servicios públicos fundamentales a los ciudadanos de diferentes territorios».

Al igual que al Consell, a Rivera no le convencen los actuales fondos de convergencia y suficiencia que en teoría buscan compensar desequilibrios territoriales. Así, una de las propuestas claves de Puig es la creación de un fondo de contingencia a través de los presupuestos generales del Estado al que se realizarán aportaciones y que busca proteger la financiación estable de los servicios mínimos. Con mucho menos detalle, pero con la misma filosofía, Ciudadanos plantea crear un Fondo de Cohesión Territorial y Social que sustituya a los actuales fondos cuyo objetivo sería asegurar la igualdad básica de los ciudadanos en relación con el acceso a los servicios públicos.

Garantizada esta igualdad, Ciudadanos introduce el concepto de responsabilidad fiscal y plantea que aquellas comunidades que «desean incrementar los servicios prestados respecto a los garantizado deberán sufragarlos con recursos propios». Una idea que engarza con el tramo de suficiencia descrito en el documento de la Generalitat. El Consell cree que para financiar el resto de competencias no ligada a gasto en servicios públicos esenciales, las comunidades deben acudir a la recaudación de sus tributos propios. «Las diferencias „avisa Ciudadanos„deben ser soportadas por los que quieran tenerlas». «No habrá posibilidad alguna de rescate porque no habrá financiación común de los excesos», añade. También el Consell deja claro que el tramo de suficiencia «no tiene mecanismo de aseguramiento ni protección a través del fondo de contingencia constituido por el conjunto de autonomías.