La Generalitat culpa a Cristobal Montoro de responsabilidad «por omisión» en la manipulación del déficit en materia sanitaria realizada por el anterior Consell del Partido Popular entre los años 2008 y 2012, que causó que la Unión Europea (UE) impusiera una multa de 18,93 millones de euros. El origen del caso fue una irregularidad detectada por el propio ejecutivo central „y notificada a la UE„ cuando el Consell tuvo que aflorar todas sus facturas para poder acogerse al Plan de pago a Proveedores.

Hacienda inició el pasado 15 de septiembre un «procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento de derecho de la Unión Europea» contra el Consell, requiriendo al gobierno autonómico el pago íntegro de la sanción económica en un plazo máximo de dos meses. En la notificación se recuerda que el Consell incurrió en una «negligencia grave» al no registrar dichos gastos. A su vez, en caso de negarse a pagar, anuncian que «se pondrá en marcha el mecanismo de repercusión contemplado en el artículo 17.2 del Real Decreto 515/2013»: si la Generalitat no paga la multa, se amenaza con restar la cantidad de los recursos aportados por el sistema de financiación autonómica.

El ejecutivo presidido por Ximo Puig contaba con 15 días para presentar las pertinentes alegaciones. Y lo hizo antes de que finalizara dicho intervalo. Desde entonces en el Palau no han tenido noticia alguna sobre el tema.

La duda reside en saber si Hacienda «congeló» la situación ante la llegada de la campaña electoral o si el trámite está siguiendo los pertinentes cauces burocráticos. «A bote pronto sorprende que se dieran tanta prisa a la hora de iniciar el procedimiento y luego, sin embargo, no hayamos sabido nada más de ellos», argumentaron desde el ejecutivo autonómico.

Sus criticas hacia Montoro llegan el mismo día de celebración de unas elecciones generales que podrían cambiar la estructuración del sistema político a nivel nacional.

La responsabilidad «por omisión» forma parte de las alegaciones ya presentadas y desde el Consell apuntan que «las cuentas eran públicas. El departamento de Montoro sabía en todo momento lo que ocurría. O no quisieron solucionar el tema porque no les interesaba o pensaron que no iba a pasar nada».

Recuerdan, en todo caso, que en algunos informes públicos „como el de la Sindicatura de Cuentas, por ejemplo„ ya se denunciaba que había «facturas en los cajones» referentes a la gestión de los presupuestos sanitarios de los ejercicios ya citados.

Anteriores gestores

En cualquier caso, en el actual Consell rechazan hacerse cargo de la multa de la UE: «No podemos admitir ninguna responsabilidad ni en el caso ni el pago de la sanción, ya que los responsables de lo ocurrido son los anteriores gestores, pertenecientes al mismo partido político en el que milita el señor Cristóbal Montoro». Por último, acusan al Gobierno de vulnerar el principio de lealtad institucional porque «cuando hicieron la investigación en ningún momento advirtieron de la gravedad del tema».