La puerta del Consell Jurídic Consultiu (CJC) seguirá abierta para los expresidentes de la Generalitat y con ella la posibilidad de que puedan cobrar un sueldo público cuando agoten su actividad al frente del Consell como miembros natos de este organismo consultivo de la Generalitat.
En la actualidad sólo Francisco Camps se ha acogido a todos los privilegios que contempla el Estatuto de Expresidentes, mientras su sucesor, Alberto Fabra, lo ha hecho sólo en parte. Camps tiene despacho, secretaria, coche oficial y sueldo como miembro del CJC, mientras Fabra, que es senador por designación de las Corts hasta 2019, sólo solicitó despacho y secretaria. Hasta el momento no han optado a los privilegios que les concede la ley los otros tres expresidentes, Joan Lerma, senador territorial por el PSPV y Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, del PP.
Pero, la reforma del Estatuto de expresidentes, que Podemos impulsó al inicio de la legislatura, salió ayer muy descafeinada de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat que debatió los cambios propuestos.
Finalmente, PP y PSPV-PSOE, los dos partidos que tienen expresidentes o jefes del Consell en ejercicio, como es el caso de Ximo Puig, unen sus fuerzas para evitar que dejen de ser miembros natos del CJC, lo que en la práctica eliminaba la posibilidad de optar a un sueldo, como reclamaba Podemos y apoyaban Compromís y C's.
Lo que sí incluirá la reforma del Estatuto es la posibilidad de revocación en caso de condena por sentencia firme a un expresidente y siempre que un tercio de diputados de al menos dos grupos diferentes la propongan en las Corts.
En la actualidad, dos de los cinco expresidentes, Francisco Camps, y José Luis Olivas, están siendo investigados por los tribunales por los casos Fórmula 1 y Bankia y un tercero, Alberto Fabra, podría tener también problemas judiciales, en su caso por la compra de Valmor.
También resultará incompatible el estatuto cuando se ostente otro cargo y los exjefes del Consell quedan obligados a rendir cuentas de su actividad una vez al año. Además, el Estatuto de Expresidentes sí mantiene la posibilidad de que puedan optar a medios materiales como una oficina, dotación presupuestaria para su mantenimiento, un vehículo del parque móvil y dos asesores de los que al menos uno será personal al servicio de la Generalitat, extremo al que también se oponía Podemos.
Nueva y vieja política
La portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco, apoyó que los expresidentes tuvieran apoyo con fondos públicos de forma muy excepcional y recordó que antes de que su partido planteara la reforma, éstos no estaban obligados a rendir cuentas, nadie sabía lo que hacían y sólo tenían derecho a prebendas pero sin ninguna obligación, nunca podían ser revocados y ante ellos se abrían todo tipo de puertas giratorias, señaló
La portavoz de Compromís, Mireia Mollà, aseguró que lo ocurrido ayer en las Corts «es una de las cosas que separan a la nueva de la vieja política». Ciudadanos propuso incluso eliminar el CJC y el diputado Toni Subiela lo calificó de «cementerio de elefantes» tras remarcar que tanto PP como PSPV lo usan como agencia de colocación.
El portavoz del PSPV, Manuel Mata, aseguró que la Comunitat Valenciana ha tenido «muy mala suerte» con algunos de los expresidentes, pero defendió que se trata de personas «honorables» mientras no se demuestre lo contrario.
El portavoz popular, José Juan Zaplana, apoyó que el papel de los expresidentes tiene importancia para la sociedad por la experiencia acumulada y los contactos.
