OTR Press, Málaga

Continúan las investigaciones dentro de la operación Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona (Málaga), que permitieron detener la pasada madrugada a un nuevo implicado en esta trama. Se trata de José Ignacio crespo, un ex concejal del equipo de Gobierno y perteneciente al Partido de Estepona (PES). Es el segundo político del PES detenido, ya que el resto de los implicados dedicados a la política eran miembros de la actual corporación municipal y, por lo tanto, del PSOE.

Este arresto eleva a 26 el número de detenidos, 24 de ellos en la provincia de Málaga y otros dos en la provincia de Córdoba, aunque las investigaciones se han extendido a Bilbao San Sebastián y Madrid, en donde se buscan lazos con esta red de corrupción.

La jueza retomó ayer los interrogatorios que había dejado la madrugada de ayer. Tras la jornada, el empresario local Enrique González Ceano quedó en libertad sin fianza pero imputado por tráfico de influencia; mientras que la jueza fijó una fianza de 500.000 euros para el ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, por fraude y malversación de caudales. Éste, que abandonó las dependencias judiciales poco antes de las 19.30 horas, aseguró que "todo está bien y estoy muy tranquilo".

Asimismo, la instructora fijó una fianza de 100.000 euros, para cada uno, para los abogados relacionados con dicha sociedad y, según indicaron fuentes judiciales, también para los socios en Bilbao, Daniel Delgado y Armando Pérez, a los que se les achaca presuntamente los delitos de tráfico de influencias, fraude y malversación. Todos están en libertad, aunque deberán abonar las cantidades designadas en un plazo de tres días.

El martes, varios de los arrestados también pasaron a disposición judicial, habiendo decretado la magistrada prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros para uno de ellos, de 30.000 euros para otros dos y además impuso libertad provisional sin fianza para dos más.

Ante la situación que vive actualmente el Ayuntamiento de Estepona, el Gobierno señaló que estudiará la posible disolución del mismo, aunque "por el momento" no se plantea dicho desenlace. La ministra Salgado, dijo que ahora "lo único" que hace el Ejecutivo es "dejar actuar" a la Justicia, para "que el tema se aclare lo antes posible".

Se persona como acusación

La Junta de Andalucía ha decidido personarse como acusación en las actuaciones judiciales abiertas en estos momentos en el municipio de Estepona, donde la Administración autonómica ha tramitado un total de 86 denuncias vinculadas a la disciplina urbanística desde el año 2003. Dichas denuncias, que han sido impulsadas tanto por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga como por la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, se refieren de manera mayoritaria a construcciones y edificaciones en suelo urbano y urbanizable.