La ley electoral catalana se quedó ayer en papel mojado ante la incapacidad de los partidos políticos de alcanzar un acuerdo sobre su contenido. La defunción del proyecto estuvo acompañada de reproches mutuos entre los partidos, que se acusaron unos a otros de haber dado la inyección letal al proyecto. Con todo, habrá que esperar a la próxima legislatura para que la propuesta vuelva a la comisión.
La ponencia parlamentaria se constituyó en noviembre y se dio de margen hasta ayer para alcanzar un acuerdo, ya que las diferencias sobre cómo han que repartirse los escaños, cuántas circunscripciones debe haber y cuándo deben pesar han sido insalvables.
A última hora de ayer, hubo un acuerdo en el tripartito de que el sistema electoral fuese el que propuso un grupo de expertos a instancias del Govern en junio de 2007: siete circunscripciones -una por cada futura veguería- y que en todas ellas salvo para Barcelona haya un mínimo de dos diputados.
Al acuerdo, al que se sumó Ciutadans -condicionado a la continuidad de las provincias como circunscripción- no prosperó, ya que como establece el Estatut, la ley electoral no se aprueba por mayoría absoluta, sino que es necesario contar con el apoyo de dos tercios de la cámara (90 votos), lo que no ocurría en este caso.
CiU mostró su oposición a cualquier proyecto que implicase que Girona, Lleida y Tarragona perdieran peso en relación al modelo actual, mientras que el PP declinó sumarse al tripartito ya que también opta por la continuidad de las provincias.
El desencuentro se produjo pese a que los resultados que dan los modelos defendidos por los diferentes partidos dan unos resultados similares a los actuales, con escasas variaciones en el número de diputados. De reeditarse los resultados de 2006, CiU obtendría con su propuesta 49 diputados (frente a 48 de la fórmula vigente); el PSC, 39 (37); ERC, 21 (los mismos); el PP, 13 (14); CV-EUiA, 12 (10), y C'S, 3 (los mismos).
