Los peritos de la Agencia Tributaria que elaboraron el informe sobre el expolio del Palau de la Música confirmaron ayer que Fèlix Millet y CDC se repartieron presuntas comisiones pagadas por la constructora Ferrovial, en una proporción de 37,5% y 62,5%, respectivamente. Los técnicos de Hacienda ratificaron ayer ante el juez que investiga el desfalco del Palau de la Música las conclusiones de su informe, que cifra en más de 23 millones de euros el robo, un trámite que abre la puerta a que se incoe una pieza separada para investigar si Millet actuó de comisionista entre Ferrovial y CDC.

Una de las conclusiones del informe pericial, en el que se reafirman los peritos de la Agencia Tributaria, es que la constructora habría pagado comisiones del 4% por la adjudicación de obra pública en los gobiernos de CiU -como la línea 9 o la de La Ciudad de la Justicia- de los que un 2,5% habrían ido a parar a la formación nacionalista y un 1,5% a los responsables del Palau.

De todas formas, los peritos matizaron que no han podido contrastar al cien por cien si los pagos de Ferrovial se correspondían con el 4% del importe de adjudicación de las obras en que participaba, porque habitualmente la constructora formaba parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE) y no es posible concretar qué cantidad percibía cada una de las compañías que la integraban.

Pagos irregulares de UDC

Por otra parte, un empresario acusó ayer de nuevo ante el juez de Instrucción número 21 de Barcelona al ex secretario de organización de UDC Josep Sánchez Llibre de estar al corriente de la trama de pagos irregulares a UDC a través del grupo de empresas IMS y de la Fundació Catalunya i Territori, próxima a UDC. El empresario Jordi Cuevas ya implicó en su primera declaración ante la policía judicial, en noviembre del pasado año, a Sánchez Llibre cuando aseguró que el ex secretario de organización conocía la trama de empresas que realizaban pagos irregulares a UDC, lo que motivó una querella de la Fiscalía de Cataluña. A raíz de la declaración de Cuevas, se remitieron las actuaciones judiciales a la Fiscalía General del Estado dado que el ex alto cargo de UDC es aforado por ser diputado en el Congreso, si bien el Fiscal del Tribunal Supremo dictó el archivo de las diligencias.