El juicio que se desarrolla en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en San Sebastián, contra 15 guardias civiles acusados por presuntas torturas a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola en enero de 2008 quedó ayer visto para sentencia. La Fiscalía mantiene su solicitud de entre dos y tres años de prisión por delito de torturas para cuatro agentes y la acusación de un delito de lesiones para otros seis, la acusación particular mantiene su petición de entre 6 y 17 años de prisión para todos los agentes, a quienes acusa de tortura y otros delitos de faltas, mientras que la defensa reclama su absolución.
En el informe de conclusiones que ayer dio a conocer el fiscal jefe de Guipúzcoa, Jaime Goyena, se acusa a cuatro guardias civiles que tomaron parte en el arresto de Portu y Sarasola, pertenecientes a la unidad GAR de este cuerpo, se afirma que los hechos son constitutivos de un delito de "tortura grave", atendiendo a la "intensidad del sufrimiento" y a la "ansiedad" que padecieron los arrestados.
Además, pide tres años para dos de los guardias y dos años para otros dos. Exculpa, sin embargo, a los agentes que tomaron parte en la detención como conductores de los vehículos utilizados para los traslados de Portu y Sarasola y al encargado de su custodia en los cuarteles de Intxaurrondo, al darse "un vacío probatorio" sobre si tuvo conocimiento de que se estaba golpeando a los arrestados.
El fiscal destaca que los guardias civiles acusados "golpearon deliberadamente" a los detenidos "con el fin de humillarles, castigarles y degradarles por su supuesta pertenencia a ETA". Además, considera que los acusados "no han dicho la verdad" en sus declaraciones y que los informes periciales de los médicos forenses de la defensa están caracterizados por una "cierta parcialidad y falta de independencia". En todo caso, se defiende que las lesiones que presentaban éstos tras su detención no pueden ser fruto de un forcejeo sino "de una acción de lesión reiterada, continuada y unilateral" por parte de los guardias civiles, cuya versión considera "cualquier cosa menos plausible" en numerosos aspectos.
La firma de Isaías Carrasco
Los justificantes de peaje que el fiscal presentó ayer como prueba contra los guardias civiles fueron firmados por Isaías Carrasco, el ex edil socialista asesinado dos meses después por ETA. En la vista se pu?so de manifiesto la circunstancia trágica y paradójica, al desvelar la intervención involuntaria y colateral de Carrasco en los hechos. El ex edil socialista, que trabajaba en la empresa que explota las autopistas de Guipúzcoa, se encontraba en un peaje el 6 de enero de 2008, el día en que la Guardia Civil detuvo a Portu y Sarasola y, casualmente, el convoy del instituto armado que trasladó a los arrestados hasta el cuartel de Intxaurrondo.
