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ERE fraudulentos

El exconsejero andaluz de empleo: ´No hubo fondos ocultos´

Antonio Fernández alega que las partidas de los ERE estaban incluidas en los presupuestos anuales de la Junta

 20:46  
Antonio Fernández, el exconsejero andaluz de Empleo.
Antonio Fernández, el exconsejero andaluz de Empleo. EFE

SEVILLA | EFE El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE falsos ha declarado hoy en la comisión parlamentaria que tiene las "manos limpias" y que la "maldad no está el procedimiento" de concesión de las ayudas irregulares, "sino en el ser humano".

Fernández, que salió de prisión hace 14 días tras pagar una fianza de 450.000 euros, está acusado de ser uno de los "autores intelectuales" del sistema que permitió presuntamente desde 2001 una década de ayudas oficiales "sin control ni publicidad".

Ante la comisión de investigación, el exconsejero ha defendido el convenio marco de 2001 que introdujo las novedades en la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas, y ha recordado que las partidas de los ERE estaban incluidas en los presupuestos anuales de la Junta aprobados por el Parlamento, con lo que se "valida por vía legal el procedimiento y sus fórmulas de pago, incluida la partida 31L, para sus beneficiarios", ha recalcado.

"Nunca en mis años al frente de la Consejería (entre 2004 y 2010) recibí una reprobación por este procedimiento, ni del Parlamento ni de los grupos ni de la Intervención General ni de la Cámara de Cuentas. No hubo fondos ocultos ni fondos ilegales", ha sostenido.

La juez imputa a Fernández seis delitos: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento.

"La maldad no está en el procedimiento, sino en el ser humano y en el mal uso. Alguien o algunos abusaron de la voluntad del Gobierno andaluz. Mis manos están limpias", ha esgrimido Fernández, que ha trasladado la responsabilidad a Francisco Javier Guerrero, su director general de Trabajo hasta 2008.

El exconsejero ha defendido el convenio marco de 2001 entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que reguló el procedimiento para las ayudas, y ha insistido en que se tramitaron como en el resto de consejerías.

El convenio "no pasó" por el Consejo de Gobierno, según Fernández, que ha dicho: "No sé si Griñán y Chaves lo conocían".

Ha negado que la transferencia de financiación sea contraria a la ley para argumentar que la partida 31L, que Guerrero calificó como "fondo de reptiles", "nunca" tuvo un informe contrario.

Fernández ha concretado que no solo no se cuestionó por el Parlamento, sino que algunos grupos pidieron más dinero y ha dicho que la partida en cuestión tenía "más controles" que otras.

Además, ha admitido que "aunque algunos se lo apuntan fui yo el que denunció la situación de Mercasevilla, el que ordenó investigaciones en la Consejería y el que no abonó algunas ayudas".

El diputado popular Rafael Carmona y Fernández han mantenido un tenso debate a propósito de estas ayudas y el carácter de "política de Estado" que les atribuye el exconsejero, pero que el portavoz del PP tilda de "ilegales".

Carmona ha asegurado que la Intervención General advirtió de la "ilegalidad" del procedimiento, a lo que Fernández ha contestado que las alegaciones presentadas por Empleo no fueron enmendadas por lo que estimó que fue legal.

Alba Doblas, de IU, le ha dicho a Fernández que el hecho de que el Parlamento aprobara los presupuestos no significa que ampare el uso "irregular" de los fondos, a lo que ha replicado el exconsejero que el control documental lo ejercía la Dirección General de Trabajo.

A la pregunta "pretenciosa" -según el exconsejero- de si tenía derecho a una prejubilación en González-Byass, empresa en la que trabajó y recibió ayudas de Empleo, Fernández ha replicado que tenía "todas las condiciones subjetivas y objetivas, y no lo firmé porque no me dio la gana. Soy el primer interesado en perseguir irregularidades", ha enfatizado.

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha rechazado la petición de Fernández de que no se leyeran públicamente preguntas porque podía atentar contra su honor y le ha recordado que esta comisión es "política, pero no judicial y las preguntas no lesionan ningún derecho".

García ha recriminado al exconsejero su acusación de "coacciones" de la comisión y le ha señalado que "no hace otra cosa" que desarrollar su labor parlamentaria.

En su emocionada intervención final, Fernández ha defendido su inocencia, la legalidad de "todos" sus actos y aludió al "gran daño" personal y familiar que el caso le está causando al indicar: "Menos la vergüenza y la dignidad, he perdido mi trabajo y casi todo".

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