El abogado defensor del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha cuestionado esta mañana la legitimidad de las acusaciones populares para sentarlo en el banquillo del juicio del caso Nóos.

El letrado, Jesús Bonet, ha recordado que el juez instructor, José Castro, no incluyó a su cliente ni en el auto de pase a procedimiento abreviado ni en el de apertura de juicio oral, y que está incluido entre los acusados por decisión de la Audiencia de Palma a instancia, únicamente, del grupo municipal socialista de Valencia, que a su juicio carece de legitimidad para acusarle.

Los valencianos, de los primeros en llegar

Alfonso Grau, el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, José Manuel Aguilar y la que fue responsable jurídica de dicha entidad, Elisa Maldonado, son tres de los acusados de la rama valenciana del caso Nóos que hoy han sido de los primeros en llegar a la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP), donde empieza el juicio.

Tras la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que han llegado a las 08.10 horas, han accedido los tres valencianos sobre las 08.30 horas, acompañados de sus respectivos abogados.

Al inicio del juicio, los primeros abogados en intervenir han sido los dos de la rama valenciana, quienes han pedido que sea la Audiencia de Valencia la que juzgue los posibles delitos que tuvieron lugar en la comunidad. Sin embargo, el fiscal, Pedro Horrach, ha rechazado el argumento de las defensas sobre la falta de legitimidad de la Audiencia de Palma para enjuiciar la parte de la causa relativa a la percepción por el instituto sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarin y Diego Torres de casi tres millones de euros que adelantaron las administraciones valencianas para la organización de eventos como el Valencia Summit.

Ésta ha sido la primera cuestión previa planteada al inicio del juicio por los abogados de los imputados en la trama valenciana de Nóos, después de que el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, renunciara a desarrollar el argumento pese a haber anunciado su planteamiento.

Según Horrach, los abogados que han señalado que estos hechos deberían ser objeto de análisis por los tribunales valencianos demuestran un "exceso de confianza" en lo que respecta a lo que sería una ampliación de este juicio en dicha comunidad.

Asimismo, ha señalado que la malversación de caudales públicos se ha investigado tanto en Mallorca como en Valencia y que carecería de eficacia volver a investigar por parte de un juez valenciano a las 200 personas que fueron llamadas a declarar en este procedimiento en Palma de Mallorca por el Valencia Summit. Se imposibilitaría además la visión en conjunto de los hechos y existiría el riesgo de que los tribunales de Mallorca y Valencia dictaran sentencias contradictorias sobre los mismos, argumentos a los que se han unido el resto de acusaciones.

Previamente, el abogado de Urdangarin ha renunciado a plantear la cuestión previa que había presentado en sus escritos en relación con la falta de competencia territorial del juez Castro para juzgar hechos como los relacionados con la precepción por Nóos del dinero público de las administraciones valencianas.

Sí ha defendido esta falta de competencia Vicente Grimá, defensa del exsecretario de Eventos de Valencia Luis Lobón. El letrado considera que la competencia respecto a su cliente era de la Audiencia de Valencia porque Lobón, asegura, no ha realizado ninguno de los hechos que se le imputan en Palma de Mallorca. Tampoco cabría, a su juicio, la asunción del enjuiciamiento en Baleares por conexidad.

Los mismos argumentos ha planteado Josefa Roselló, abogada de José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia „para quien la Fiscalía pide seis años de prisión, al igual que Manos Limpias„, que considera igualmente que se ha vulnerado el derecho de su cliente al juez predeterminado por la ley, que tendría que haber sido el de un tribunal valenciano. En este caso también se trata de los hechos relativos a la financiación del Valencia Summit.