13 de mayo de 2016
13.05.2016
Condena

¿Qué es el caso San Antonio de Vitoria?

Un contrato irregular de un alquiler del Ayuntamiento de la capital vasca le ha costado una condena a Alonso y Maroto

13.05.2016 | 20:48

El caso San Antonio, por el que el Tribunal de Cuentas del Estado ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, se remonta a 2007 y afecta a todos los miembros del equipo del Gobierno municipal de Vitoria.

El órgano ha considerado que ese equipo causó un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas del Ayuntamiento de la capital vasca por la firma de un contrato público con el empresario Gonzalo Antón a un precio considerado muy superior al de mercado.

El tribunal recuerda ahora que ese informe, fechado el 12 de enero de 2007, recomendaba una renta de 10.168 euros más IVA al mes, así como una actualización en base al IPC interanual y que los gastos de comunidad corrieran por cuenta del propietario.

Sin embargo, el acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno municipal en febrero de 2007 estableció una renta de 12.500 euros al mes más IVA, con una actualización anual en base al IPC más una serie de puntos de incremento dependiendo del año, así como que los gastos de la comunidad fueran a cuenta del arrendatario, además del IBI y basuras, y una cláusula de blindaje por 10 años.

El contrato que finalmente firmó el consistorio con la empresa Sbayre, del citado empresario, mantuvo las condiciones del acuerdo de la Junta de Gobierno municipal y aumentó a 20 años la cláusula de blindaje.

El Tribunal de Cuentas concluye que la adopción por los demandados de un "acuerdo lesivo" para el erario público ha supuesto una decisión que "ha infringido la normativa aplicable al contrato suscrito, pues ha incorporado al mismo, sin justificación acreditada, estipulaciones lesivas para el patrimonio público".

El órgano fiscalizador también dice que el "daño" ocasionado al Ayuntamiento fue "real y efectivo" y considera que los demandados incurrieron en una "negligencia grave" y "relevante" para atribuirles una responsabilidad contable.

Asimismo, fija en 393.862 euros el "menoscabo" ocasionado a las arcas públicas por los pagos "excesivos por rentas, actualizaciones y gastos de comunidad".

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