11 de noviembre de 2016
11.11.2016
Sentencia

Dos años y medio de cárcel por destruir una cueva neolítica

El empresario minero Victorino Alonso deberá pagar además una multa de 25,4 millones

11.11.2016 | 21:47

El empresario minero leonés Victorino Alonso ha sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión y al pago de una indemnización de 25,4 millones de euros como responsable de la destrucción del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, uno de los más importantes del neolítico español.

En su resolución, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca responsabiliza al empresario de un delito contra el patrimonio histórico por la destrucción de Chaves, y hace responsable subsidiario del pago de la indemnización impuesta a la empresa que gestionaba el coto, Fimbas.

Por otra parte, el tribunal absuelve a la empresa que ejecutó las obras que supusieron la destrucción del yacimiento neolítico, Ferpi, y a la aseguradora Mapfre como responsables civiles subsidiarios en el pago de la indemnización.

El empresario leonés es absuelto, sin embargo, del presunto delito contra el medio natural que le imputaba la acusación particular en nombre de Ecologistas en Acción.

Para fundamentar la condena, el juez da plena credibilidad al testimonio prestado durante la vista por la persona encargada de gestionar Fimbas, que aseguró haber recibido órdenes directas del empresario para actuar en el lugar donde se ubicaba el yacimiento.

Destaca, además, que las largas diligencias judiciales durante la instrucción no fueron "inocuas ni intrascendentes", ya que permitieron acreditar que Victorino Alonso era "en realidad" quien tomaba las decisiones en la finca, "por encima de cualquier otra persona y ello a pesar de no ostentar ningún cargo visible en Fimbas".

Una actuación, señala el juez, que permitió "desenmascarar" la estrategia de la defensa del empresario de tratar de repartir las responsabilidades existentes entre varias personas.

Respecto al valor de Chaves, la resolución subraya, a tenor de lo referido por los expertos, que no era considerada sólo un yacimiento arqueológico, sino como el "más espectacular asentamiento neolítico puro" de referencia tanto en España como en Europa.

El juez rechaza el "intento" de la defensa de "diluir" la responsabilidad del empresario al involucrar en los hechos al arqueólogo ya fallecido que descubrió el yacimiento, Vicente Baldellou, así como al palista que llevó a cabo la obra y al gobierno aragonés por no proteger de forma activa el yacimiento.

El tribunal considera "imposible" que Baldellou "ordenase o tan siquiera sugiriese" acometer las obras que se hicieron en Chaves, valoración hecha en relación a la afirmación del empresario de que este especialista fue quien pidió actuar en el yacimiento por motivos de seguridad.

En su resolución, el responsable judicial reprocha, sin embargo, a la administración autonómica no haber promovido una resolución que protegiera de forma específica el yacimiento como Bien de Interés Cultural y que dicha protección sólo fuera "indirecta", algo que califica de "censurable e inexplicable".

Sin embargo, según un comunicado de la empresa Fimbas, los abogados de la compañía consideran que un recurso de apelación -que prepararán dentro de los plazos legales- "tiene muchos visos de prosperar a la vista de la concurrencia de culpas de la administración de Aragón que determina, categóricamente, la propia sentencia".

A juicio de Fimbas, "pueden destacarse de la misma las notables contradicciones que contiene en su fundamentación jurídica al considerar que la afección a la cueva respondió a un plan preconcebido y, al mismo tiempo, admitir que la administración actuó con desidia manifiesta al no señalizar en modo alguno el yacimiento".

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