09 de noviembre de 2017
09.11.2017
Desafío independentista

El juez decreta prisión eludible con fianza de 150.000 euros para Forcadell tras acatar la legalidad

La presidenta del Parlament ingresa en la cárcel a la espera de reunir la suma - Corominas, Guinó, Simó y Barrufet salen libres tras pagar 25.000 euros cada uno y Nuet queda en libertad sin medidas cautelares

10.11.2017 | 13:40
El juez decreta prisión eludible con fianza de 150.000 euros para Forcadell tras acatar la legalidad

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado prisión eludible con una fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell.

Forcadell ha ingresado esta noche en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco, donde permanecen las exconselleras del Govern Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borràs (Agricultura), al no haber reunir la fianza.

Previsiblemente, la presidenta del Parlament abonará la cantidad est viernes y podrá abandonar la prisión, como ocurrió la pasada semana con el exconseller Santi Vila. De hecho, la ANC ya ha anunciado que su "caja de solidaridad" hará frente tanto a esa fianza como a las de 25.000 euros impuestas a cuatro diputados que también eran miembros de la Mesa.

Para los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet ha acordado libertad bajo fianza de 25.000 euros y les da una semana de plazo para abonarla.

A los cuatro les impide salir de España, les da hasta las dos de la tarde de mañana para entregar el pasaporte y les obliga a comparecer semanalmente en el juzgado.

Carme Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Fotos: EFE

En el caso de Joan Josep Nuet, que votó en contra de la independencia, ha decretado libertad sin medidas cautelares.

El juez Llarena ha tomado esas decisiones a pesar de que la Fiscalía había pedido prisión incondicional para la presidenta del Parlament y para los diputados Corominas, Guinó y Simó, todos ellos investigados por rebelión, sedición y malversación.

Desvinculación de la vía unilateral

Antes de la decisión del juez, tanto Forcadell como esos tres parlamentarios han utilizado el turno de última palabra que les ha concedido el juez después de que el fiscal solicitara prisión sin fianza para desvincularse de la vía unilateral hacia la independencia.

Previamente, en su declaración inicial, habían acatado la aplicación del 155 y habían restado valor a la declaración de independencia, al sostener que no tenía validez jurídica sino carácter simbólico, pese a lo que el fiscal había pedido prisión sin fianza para ellos.

Abandonan el Supremo los miembros de la Mesa, a excepción de Forcadell. Vídeo: Agencia ATLAS 

En su turno de última palabra han seguido el camino abierto previamente por la también investigada Ramona Barrufet, quien se ha desmarcado de la vía unilateral, ha reconocido que la salida pasa por el pacto y ha dicho que el referéndum del 1-O se desarrolló sin garantías y no tiene validez.

En cuanto a Joan Josep Nuet, el juez ha dictado libertad sin medidas cautelares tras acreditar que no votó a favor de tramitar la declaración de independencia, como dijo la Fiscalía.

Forcadell asumía "una actuación principal"

En el auto, Llarena atribuye a Forcadell "una actuación principal" en el proceso independentista, tanto "por su intervención medular" en él como "por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido".

En el auto en el que la envía a prisión bajo fianza de 150.000 euros, el magistrado recuerda que ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, "desde cuyo mandato perfiló, asumió, y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva cuya instrumentación se analiza".

"Una actuación esencial, que vino seguida por su presidencia del Parlament de Catalunya, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia, y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba", añade.

Por ello, destaca el magistrado que Forcadell presenta "una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos periodos".

La participación de los otros miembros de la Mesa -Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet- se sitúa claramente, dice el juez, "en un nivel inferior de reproche", aunque no se trata, aclara, de una "intervención menor o de meros participantes".

Prisión bajo fianza de 25.000 euros para los otros miembros de la Mesa. Vídeo: Agencia ATLAS

Llarena decide, sin embargo, imponerles fianzas porque, aunque existe cierto riesgo de fuga, "se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados" por el TSJC y en el Supremo.

Respecto a sus declaraciones hoy, el juez no descarta que puedan "ser mendaces" y "si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal" avisa de que se podrán modificar las medidas cautelares.

Además, sostiene que "no es que hayan asumido la intervención derivada del artículo 155 de la Constitución", sino que han dicho que o renuncian a la actividad política en un futuro o, "si quieren seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

Y añade que la "desatención" de los investigados a las resoluciones judiciales que les han afectado hasta ahora muestra su "determinación" por "sobrepasar los límites" de la Constitución, algo que ha hecho "de manera más marcada" Carme Forcadell.

En el auto, Llarena destaca que nunca "aspiraron a lograr la independencia del territorio por las vías legales" y describe luego los sucesivos momentos en que desoyeron las decisiones del Constitucional.

Al contrario, afirma que no buscaron una vía negociada porque un "supuesto pacto de independencia es incompatible con lo que realmente se hizo, pues se optó por realizar un referéndum, sabiendo de su ilegalidad y de la prohibición de su celebración".

"La idea de actuar con sujeción a un pacto, es irreal", concluye el magistrado, para quien su intención era "alcanzar una situación de hecho, para después lograr imponer su aceptación política", para lo que incorporaron el elemento de la "movilización ciudadana que exigiera la permanencia del nuevo orden implantado".

Para el juez, los imputados usaron esa movilización como "el elemento que forzara el reconocimiento político del Estado de hecho que iba a impulsarse".

En cuanto al delito de malversación que se les imputa, el magistrado afirma que se puede inferir que "hubo que generar alguno de los gastos contemplados en el presupuesto" para el proceso independentista, aunque añade que ya se delimitará la cantidad a lo largo de la investigación.

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