El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista catalán, debe decidir si reactiva la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. La Fiscalía General del Estado ha pedido que se aplique la euroorden solo en Dinamarca, país al que este lunes ha viajado el exlíder del Ejecutivo de Cataluña.

La euroorden consiste en una resolución judicial que emite un Estado miembro de la UE a otro Estado miembro para la entrega y detención de una persona a la que se busca para la ejecución de una pena o de una medida privativa de libertad. Nace en 2002 tras una Decisión Marco del Consejo de Europa y sustituye a la tradicional orden de extradición, que regulaba buena parte de estos asuntos en décadas pasadas.

La petición de la Fiscalía contra Puigdemont se centra únicamente en el país al que ha viajado el expresidente y diputado electo -Dinamarca- en aplicación del artículo 40.1 de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la unión, que "cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea de detención y entrega", según han explicado a Europa Press fuentes fiscales.

La Fiscalía General del Estado ya avisó este domingo de que actuaría "inmediatamente" solicitando la activación de la euroorden de detención y entrega si el expresidente catalán huido en Bruselas (Bélgica) se trasladaba hasta Dinamarca.

A pesar del aviso de la Fiscalía, Puigdemont ha cogido a primera hora de la mañana de este lunes un vuelo hacia Copenhague (Dinamarca) desde el Aeropuerto de Charleroi, al sur de Bruselas, para asistir este lunes al debate organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague sobre la situación política de Cataluña.

Retiradas el pasado 5 de diciembre

Las órdenes internacionales dictadas contra Puigdemont y cuatro exconsejeros que le acompañan en su fuga en Bélgica fueron retiradas el pasado 5 de diciembre por el juez del Supremo, que mantuvo únicamente la orden de su detención si regresa a España.

La intención del magistrado entonces era evitar que la Justicia belga pudiera diferir, a la hora de la entrega de los imputados, en lo referente a la tipificación de los cinco delitos --rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia-- que se imputa a los exmiembros del Govern huidos.

Para el juez, mantener las órdenes europeas de detención podría entorpecer un adecuado desarrollo del proceso, puesto que si Bélgica denegara parcialmente la ejecución de las mismas, habría "una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este tribunal".

Por otro lado, Vox, personado como acusación popular en la causa, descarta por el momento solicitar al magistrado del alto tribunal la reactivación de estas órdenes de detención.

Fuentes del partido insistieron en declaraciones a Europa Press, que el juez Llarena retiró las euroórdenes porque el problema no es que se desplace de un país a otro, sino que su detención internacional imposibilite que pueda juzgarse por los delitos más graves, como es el de rebelión.