«Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo» decía Albert Camus. Y si nos atenemos al debate sobre la prisión permanente revisable, debemos reconocer que hemos fracasado. La política, desde un punto de vista ético, no consiste en dar la razón sin más al colectivo que más firmas consigue reunir en favor de una iniciativa, especialmente cuando se produce en un entorno sensibilizado y para obtener un rédito electoral. Hay un componente de responsabilidad que obliga a someter las decisiones a un análisis sereno y técnico, evidentemente sin excluir la ideología.
Y la polémica generada con la reversión de la prisión permanente revisable presenta muchas aristas jurídicas y técnicas que se deben poner en la balanza a la hora de tomar una decisión. De momento, tanto el índice de criminalidad como el de homicidios intencionados en España no justifican objetivamente medidas carcelarias extraordinarias, porque se encuentran entre los más bajos de Europa y siguen una línea descendente desde el año 2002.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico la arista es aún más afilada. El centenar de catedráticos de Derecho Penal que se han pronunciado contra el alargamiento de las condenas son un claro ejemplo. Consideran que vulnera algunos de los valores que configuran a España como sociedad democrática, sin conseguir que se eviten los delitos más graves.
Mandato constitucional
Por otro lado, el apartado 2 del artículo 25 de la Constitución indica que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados». Hay algunos juristas que también entienden que la prisión permanente revisable atentaría contra el artículo 15 de la Carta Magna, que «repudia» cualquier trato inhumano y degradante. También entienden que sería contraria a «la dignidad de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes y al libre desarrollo de la personalidad» recogidos en el artículo 10.
Asímismo, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 1993 señala que «…no puede conseguirse o es muy difícil la consecución del mandato constitucional de resocialización cuando se produce, en función de las circunstancias, una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria; una privación de libertad muy superior a treinta años sería un tratamiento inhumano por privar de la oportunidad reinsertadora». En ese sentido, otra sentencia del mismo tribunal de 1998 indica que «todo lo que contradiga y empañe la resocialización comportará una tacha desde el punto de vista constitucional».
Curiosamente, por primera vez los políticos se han adelantado a los tribunales con el debate sobre la prisión permanente. Pese al trasfondo jurídico del asunto, el Tribunal Constitucional lleva tres años -desde 2015- sin resolver el recurso que presentó en su día el PSOE contra la norma y parece que no está de momento en la agenda de los magistrados.
Disuasión en entredicho
Justificar la prisión permanente revisable, si también tenemos en cuenta que no ha demostrado su utilidad como elemento disuasorio del delito -como señalan los expertos- significa el reconocimiento explícito del fracaso del sistema de reeducación y reinserción que reconoce la Constitución española.
Y probablemente, dicho fracaso proceda de no haber apostado por ese proceso reeducativo y por haber convertido las prisiones en un simple contenedor de castigo. Así lo explicaba recientemente José Luis Pascual, presidente del sindicato mayoritario de prisiones Acaip: «Es muy distinto que la sociedad nos mande, además con el espíritu de la Constitución, a que recuperemos a aquellas personas que son retiradas de la sociedad porque han cometido un delito, a que nos convirtamos en un almacén de personas que entren sin esperanza».
Y esa opción la decide cada Gobierno en sus presupuestos; si no hay dinero para reinseción, no habrá reinserción. No será por falta de profesionales competentes.
Sin embargo, lo más dramático y feo del asunto es cuando este debate deja la vertiente técnica y baja al barro de la greña política por la falta de altura de miras de algunos legisladores. El resultado lo contrastamos el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Un debate bronco y amargo -y aún quedan algunos más- en el que se rechazaron las enmiendas del PP y Cs para ampliar los casos en los que se podía aplicar la pena de prisión permanente revisable, y se ratificó el camino iniciado por el PNV para eliminar la reforma legal.
El asesinato del pequeño Gabriel y el despliegue mediático desmedido por la captación de las audiencias utilizando el dolor que ha provocado el crimen han desdibujado el escenario. Y también ha alertado a uno de los principales intérpretes, el PP, tocado por el avance de Ciudadanos y por dos movimientos a los que aún no ha sabido dar respuesta: el de los pensionistas y el del 8M. En estas circunstancias, los populares tenían muy fácil el guión a elegir: agarrarse a la propuesta de los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés y a los casi tres millones de firmas recogidas a favor de la prisión permanente.
El grupo de Rivera, otro de los protagonistas, atisbando las consecuencias de los daños colaterales, también ha decidido cambiar de bando y ponerse del lado de los padres (PP y Cs no perdieron ni un segundo en distribuir entre la prensa sendas fotos de la reunión con los responsables de la plataforma contra la derogación de la ley). La coincidencia de gran parte de sus hipotéticos electorados les está haciendo coincidir en los últimos días en asuntos cruciales, como el de las pensiones o el de las penas permanentes, aunque los del partido naranja intenten maquillarlo para que no parezca lo mismo.
Mucho han criticado las dos formaciones encabezadas por Rajoy y Rivera las actitudes populistas de otras organizaciones políticas para ganar rédito político, pero los movimientos previos a la llegada del debate en el Congreso del pasado jueves no distaban mucho de lo que tan duramente han censurado.
Zozobra socialista
En el otro bando, iniciado por el PNV y en el que se mueve como pez en el agua Podemos, los socialistas se han visto sorprendidos por las circunstancias, y aunque aseguran que se mantendrán firmes en su posición de derogar la prisión permanente, han empezado a emerger voces internas que advierten sobre las consecuencias electorales de su deriva si populares y naranjas deciden prorrogar los ecos de la polémica hasta las próximas elecciones, lo que augura, probablemente, un juego dialéctico de matices.
Al final, como decía en la cita del principio, el debate lo consigue reflejar con toda crudeza Camus, pero los argumentos los podría detallar perfectamente Abraham Maslow, uno de los fundadores de la psicología humanista y su pirámide de las necesidades: las preferencias de las personas se ordenan jerárquicamente -sostenía- empezando por las más básicas (las fisiológicas como comer o descansar y la seguridad física) y después, cuando ya las tiene cubiertas, empiezan a preocuparse por valores como la amistad, la tolerancia o la libertad.
¿Qué parte queremos sacrificar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Corazón o razón? ¿Libertad o seguridad? El Tribunal Eutopeo de los Derechos Humanos ha empezado a enseñarnos el camino con una dura senencia. Y no ha sido agradable. ¿Queremos repetir?
