El PP ha llevado al Síndic de Greuges e ya conocido como "Caso Uniformes" de Torrent para que emita un dictamen sobre la legalidad de este proceso de contratación de la uniformidad de la Policía Local, ya que afirman el proceso está "plagado de sombras con multitud de irregularidades administrativas".
Los populares apuntan al gasto de 205.000 euros en uniformidad, paralizado inicialmente por los populares en la mesa de contratación pero que finalmente fue adjudicado, a los colores permitidos en el decreto 114/2005 de la Generalitat, a "la ausencia de certificados de calidad" y a la proposición de adjudicación "a la empresa más cara".
El edil popular Nacho Carratalá, responsable de la investigación de este tema afirma que han solicitado al ayuntamiento "un nuevo pliego que se ajuste a la legalidad" y "un nuevo procedimiento de contratación limpio y transparente, que permita que todas las empresas se puedan presentar en igualdad de condiciones. A día de hoy seguimos sin respuesta y por ello acudimos al Síndic de Greuges para que emita un dictamen al respecto".
