06 de abril de 2016
06.04.2016

Alboraia reclama 600.000 euros a una concesionaria a la que pagó con el Plan E

El consistorio presenta una declaración de lesividad ya que con las ayudas del Gobierno no se podía abonar facturas

05.04.2016 | 23:35

El pleno municipal de Alboraia ha aprobado la declaración de lesividad del procedimiento realizado por el anterior gobierno cuatripartito con el que se incluyó indebidamente el pago de 587.709 euros por intereses de una sentencia dentro del Plan de Pago a Proveedores. Por ello, el consistorio, por mediación del Ministerio de Hacienda, deberá reclamar ese dinero a la empresa que reclamaba el pago de las facturas, según explicó ayer el PP de Alboraia en un comunicado.

La portavoz de este grupo municipal, Virginia Garrigues, culpó ayer de esta situación a la entonces concejala de Hacienda, y ahora regidora de Ciudadanos en la oposición, Mamen Peris, a la que acusó de «desidia y la mala gestión». Por su parte, Peris aseguró que la decisión de incluir ese pago a la antigua concesionaria del agua fue «únicamente del interventor municipal», por lo que ha anunciado una denuncia contra Garrigues por daños y perjuicios.

A través de un comunicado, Garrigues recordó que «desde el PP ya comunicamos que el mecanismo del Plan de Pago a Proveedores no se podía utilizar para pagar ni intereses ni costas judiciales „tal y como marca la ley„ y lamentamos que la señora Peris ignorase las advertencias». «Desde el primer momento no lo vimos claro y lo advertimos. Nuestros abogados consideraron que presumiblemente existía una responsabilidad penal, presentamos una querella y la misma está admitida a trámite», destacó Garrigues.

Efectivamente, en junio del pasado año el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Moncada, inició las Diligencias Previas contra Peris, tras la denuncia presentada por un presunto delito de falsedad documental cometido cuando era regidora de Hacienda en 2012. Los populares habían denunciado en abril que, cuando era concejala de Hacienda del anterior gobierno cuatripartito, Peris habría incluido entre las facturas remitidas al Gobierno para que las incluyera en el Plan de Pago a Proveedores, el abono de 587.709 euros a la antigua concesionaria del agua por los intereses y costas judiciales del contencioso que la empresa mantuvo con el ayuntamiento por la deuda de la contrata.

Este contencioso se inicio, por cierto, por la deuda de 1,17 millones que contrajo el gobierno de Manuel Álvaro con Omniun Ibérica SA y que éste perdió, tal como recordó ayer la propia Peris.

En su querella, los populares recordaban que el Plan de Pago del Ministerio de Hacienda «establecía con claridad la prohibición de pagar intereses o gastos judiciales y la obligación para los proveedores de no reclamarlos por ninguna vía, debiendo renunciar expresamente a este punto para cobrar las facturas adeudadas». «Sin embargo la anterior concesionaria municipal de agua potable y alcantarillado cobró cerca de 600.000 euros (cantidad a la que debía renunciar para poder acogerse al Plan), al incluirse en la relación telemática presentada al Ministerio por indicación presumiblemente de la entonces Concejala de Hacienda».

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