La exalcaldesa de Paterna, Elena Martínez, y la anterior concejal de Urbanismo popular, María Villajos, ambas concejales actualmente en la oposición, declararon como investigadas el pasado miércoles en el juzgdo por los presuntos delitos de prevaricación y de desobedicencia a la autoridad judicial, por la negativa del ayuntamiento a expropiar unos terrenos en la zona de Heron City y por no haber acatado una sentencia del Supremo a este respecto. Las dos regidoras han defendido ante el juez que la petición de expropiar se realizó por primera vez en 1999, cuando el PP no estaba en el gobierno, y que en todo momento los distintos ejecutivos locales se han negado a realizar la expropiación «porque los técnicos no avalaban la operación.

Así lo aseguraron ayer fuentes de la formación popular, quienes destacaron que Martínez y Villajos están imputadas «porque en el momento de presentarse la demanda contra el ayuntamiento estaban ellas al frente. Si los propietarios del terreno la hubieran presentado antes, el imputado hubiera sido Lorenzo Agustí, o incluso Francisco Borruey, y si la hubieran presentado unas semanas más tarde le hubiera tocado declarar a Sagredo». Las fuentes del PP subrayaron que desde 2007 a 2015 los gobiernos populares de Paterna «han pagado más de 12 millones en expropiaciones. Si no se pagaron los 500.000 euros que demandaban estos propietarios es porque los técnicos informaron en contra. Hacer lo contrario hubiera sido prevaricar».

Ayer el portavoz de Compromís per Paterna Juanma Ramón pidió al actual alcalde socialista «echar de la Junta de Gobierno Local a Elena Martínez como una medida temporal hasta que se aclaren los hechos investigados». «Pedimos a Sagredo este ejercicio de responsabilidad al señor Sagredo para no aumentar la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones», señaló.