Las asociaciones ciudadanas de Torrent y los particulares que conforman la Plataforma por el Cierre y Desmantelamiento de la Planta de Residuos ha decidido contratar los servicios de un abogado experto en asuntos mediambientales para llevar el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Así lo han acordado en asamblea los diferentes colectivos, al analizar que meses después de que cumpliera la orden del Consell a la empresa gestora de retirada de las montañas de escombros y vertidos, situadas en una parcela de la partida de la Contienda, no se ha ejecutado ninguna acción. «En Torrent estamos en ese punto; se ha dado la orden de restauración y la empresa no ha movido ficha, como en Seseña», alertan en relación al peligro que provoca el vertedero.
Las entidades insisten en que, más allá de la diferencia de residuos que tienen ambas plantas, los casos presentan similitudes. «Administraciones de uno y otro color, locales o autonómicas que dejan a un lado sus obligaciones de velar por el bien público, la salud y el medio ambiente, conviven con la dejadez y se arriman a corruptelas administrativas en beneficio de delincuentes ambientales y económicos», manifiestan las entidades.
La planta de Torrent fue inaugurada en 2008 como punto de reciclaje de residuos de la construcción. Entre 2013 y 2015 sufrió tres graves incendios, de los que alguno se mantuvo latente durante meses, a causa de que se habían vertido plásticos entre los escombros. Los residentes del entorno han estado denunciando el peligro que supone por la inhalación de gases tóxicos. Tras el fuego del verano de 2015, la Conselleria de Medio Ambiente ordenó la clausura de la planta y dio de plazo hasta febrero. La instalación lleva más de un año cerrada dado que la firma impulsora está en proceso concursal. Ahora, la Unión Europea investiga el caso, al haber sido admitida a trámite una queja en la Comisión de Peticiones.
Actuar en varios frentes
Y esta semana, la Plataforma ha acordado acudir al juzgado, en una asamblea a la que asistió como invitado el diputado autonómico de Podemos, Antonio Estañ. En la reunión se realizó un repaso exhaustivo del proceso, incluyendo «los incumplimientos de la empresa propietaria de las numerosas obligaciones derivadas de las autorizaciones y la dejadez de las administraciones». De ahí que concluyeron que «sólo con la movilización de la ciudadanía se conseguirá la limpieza del recinto y su desmantelamiento».
Para ello, la estrategia que han trazado supone «actuar en varios frentes», entre ellos la interposición de una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, para la que acordaron una colecta. «No pararemos hasta que la parcela se restaure y la planta quede desmantelada. Si es con el dinero de la empresa, mejor. Pero la administración ya puede empezar a limpiar subsidiariamente», dicen.
