El Ayuntamiento de Godella ha anunciado que va a solicitar un informe jurídico que determine si existen motivos para anular la primera prueba de la oposición para cinco plazas de auxiliar administrativo después de que un aspirante interpusiera un recurso al no poder realizar el cuestionario en valenciano.
Como adelantó este diario, Roberto Benavent fue el pasado sábado uno de los casi 800 opositores que se presentaron al primer examen del proceso. El joven de Carcaixent pidió el cuestionario en valenciano y recibió la negativa del presidente del tribunal con frases como «no lo tenemos en valenciano y no te lo vamos a dar» y «lo haces en castellano o te vas», según consta en la queja registrada en el ayuntamiento. El aspirante reclama que se anule la prueba al ver vulnerados sus derechos que, según detalla, están recogidos en la Constitución y en la Llei d'us del valencià respecto a las lenguas oficiales. El consistorio argumentó que la prueba «no se tradujo al valenciano porque, para mayor seguridad de las personas aspirantes, se elaboró el mismo día de su realización y dada la longitud del texto no dio tiempo a traducirlo».
El opositor también insiste en el trato «poco respetuoso» del presidente del tribunal. En este sentido, el equipo de Gobierno ha preguntado a los miembros del tribunal—trabajadores del consistorio— para saber qué pasó entre el opositor y el presidente para conocer todas las versiones.
A su vez, el regidor de Personal, Joan Alonso, aseguró ayer que para convocatorias posteriores «se incluirá en las bases el hecho que las pruebas escritas tengan que estar redactadas en ambas lenguas oficiales, para que no quepa duda». Así, desde el ayuntamiento recordaron «su especial sensibilidad en la defensa del valenciano» y que en 2013 se aprobó el requisito lingüístico para los puestos de trabajo del consistorio.
Por su parte, la Plataforma per la Llengua también está trabajando en un informe jurídico, para aclarar si la negativa al derecho a usar el valenciano puede ser motivo de nulidad de una convocatoria pública. Asimismo han pedido reunirse con la alcaldesa Eva Sanchis para tratar el caso y le solicitan que amoneste el presidente del tribunal porque su actitud «fue irrespetuosa» e «impropia de un cargo administrativo, contraria a la lengua propia y la igualdad de derechos de las lenguas oficiales». Carceller critica «la negativa al derecho a usar el valenciano en una oposición a auxiliar administrativo» y sostiene que siempre hay que considerar al valenciano como «lengua oficial para la administración pública, la administración local y de las otras corporaciones e instituciones públicas».
«Discriminación lingüística»
Por otro lado, Escola Valencia, a través de su presidente Vicent Moreno, aseguró que «necesitamos que Ayuntamientos y Administraciones ordenen y faciliten todo el apoyo para que los documentos estén en valenciano, cosa que está por hacer» y calificó de «sin sentido» que «estemos reclamando el requisito lingüístico desde el año 1983». Para Moreno, lo sucedido en Godella es «el claro ejemplo de lo que puede pasar en general y no debería suceder jamás: una discriminación lingüística».
