20 de julio de 2016
20.07.2016
Denuncia

El juez abre diligencias penales por la compra de uniformes policiales en Torrent

La comisión de investigación municipal tiene que aprobar sus propias conclusiones sobre el caso

20.07.2016 | 13:10

El juzgado de instrucción número 2 de Torrent ha abierto diligencias de investigación penal por un presunto delito contra la administración pública en el procedimiento de contratación de los uniformes de la policía que realizó hace meses el ayuntamiento. El proceso judicial se inició hace meses a raíz de una denuncia en la Fiscalía del Partido Popular, que previamente intentó sin éxito impugnar el proceso administrativo.

La investigación penal en el juzgado se ha iniciado previcamente a instancias de la Fiscalía provincial, que hace unas semanas trasladó el asunto al juzgado de Torrent, con el argumento de que "se ponen en conocimiento la existencia de determinadas irregularidades en el procedimiento de contratación para el suministro de vestuario de la plantilla de Policía Local". Por ello, el fiscal instaba al juzgado a "incoar el oportuno procedimiento penal".

Tras conocer el rumbo del procedimiento, los populares informan de que han presentado nueva documentación que deja patente "que el ayuntamiento nunca estuvo autorizado a incumplir la ley autonómica en la uniformidad, de forma que presuntamente se beneficiaria a una firma en concreto, no olvidemos que han jugado con 205.000 euros de los torrentinos", según informa el grupo municipal.

Actualmente está pendiente la aprobación de las conclusiones de la comisión de investigación que, durante meses, ha funcionado en el ayuntamiento por la compra de los uniformes, y en la que llegaron a comparecer el director general de Seguridad, José María Ángel, así como la empresa adjudicataria de la compra y las que quedaron fuera, entre otros muchos testigos.

Fuentes populares indican que en los contactos que han tenido estos días los grupos para redactar y aprobar las conclusiones, "los socialistas no estarían dispuestos a asumir ninguna responsabilidad política en este caso, al contrario que los populares quienes dejan clara su postura, si un gobierno incumple la ley, sigue adelante con una contratación a pesar de las advertencias de la Generalitat, de sindicatos y grupos políticos tanto del Ayuntamiento como de las Cortes y adjudica sin la autorización del órgano competente, la cosa está clara, ese gobierno es responsable de sus actos, y debe rendir cuentas".

El PP defiende que "existen claras irregularidades que implicarían a más de una persona de la Junta de Gobierno, desde informes jurídicos de ilegalidad, actas de mesas de contratación que no se tienen en cuenta, actas de reuniones de la Generalitat que acusan al ayuntamiento de utilizarla de cortapisas para validar cosas que no se pueden validar, y hasta declaraciones de la Consellera de justicia de la Generalitat admitiendo las irregularidades de Torrent".

En un comunicado, el PP incluso ha apuntado al concejal de Seguridad Ciudadana José Antonio Castillejo; al alcalde, Jesús Ros Piles, que adjudica el contrato, y al responsable de Contratación, el edil de Hacienda Andrés Campos. Según el concejal popular Nacho Carratalá, denunciante del "caso uniformes" desde hace casi un año: "el señor alcalde debería preocuparse más por limpiar su casa y centrarse en la gestión de Torrent que deja mucho que desear, en lugar de atacar personalmente a quien denuncia la mala praxis de su gobierno".

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