El gobierno local de Torrent ha decidido rescindir el contrato de compra de uniformes de la Policía Local que se efectuó hace meses y ha pactado con la empresa que resultó adjudicataria en el concurso la devolución «en principio a coste cero» de las prendas que se adquirieron, por valor de unos 200.000 euros y que están en poder de cada agente.
La decisión, que la ratificará la Junta de Gobierno el viernes, se adopta una vez ha concluido la comisión de investigación que ha estudiado el caso y a causa de «las contradicciones de la Generalitat Valenciana y su ambigüedad a la hora de determinar si podemos utilizar o no las prendas».
El asunto se remonta al pasado otoño cuando el consistorio licitó nuevos uniformes para la Policía Local e introdujo el color azul celeste en algunas prendas. Este cambio provocó las quejas del PP cuyos ediles llegaron a pedir que se paralizara la mesa de contratación aunque, después de un primer aplazamiento, se adjudicó la compra a una empresa.
Tras pedir autorización a la Generalitat Valenciana por el cambio de color, la dirección general de Seguridad emitió una resolución en la que se dejaba entrever que se autorizaban las nuevas prendas pero el color tenía que ajustarse al decreto autonómico, que es el amarillo. No obstante, el gobierno local y los técnicos municipales interpretaron que la respuesta era ambigua y pidieron una aclaración «que tampoco ha resuelto nada», indica el portavoz municipal socialista y responsable de Contratación, Andrés Campos.
El asunto desembocó en una comisión de investigación en la que, a lo largo de tres meses, testificaron tanto el director general de Seguridad, José María Ángel, como otros cargos de la conselleria, además del jefe de Policía Local, diversos agentes, el alcalde y diversos ediles, y las empresas que participaron en la adjudicación. Campos considera que «tampoco aquí se ha clarificado si pueden utilizarse los uniformes o no porque hubo contradicción entre lo que dijeron los representantes de la conselleria entre ellos e incluso con lo que dijo recientemente la propia consellera en las Corts», explica Campos. De este modo, el gobierno local ha decidido «por responsabilidad y para restituir la normalidad en la institución, cuya imagen se está viendo atacada por las acusaciones sin fundamento del PP», negociar con la empresa adjudicataria la rescisión del contrato y la devolución de los uniformes. «La firma ha estado de acuerdo ya que su imagen también se está viendo afectada al ponerla el PP bajo sospecha», critica Campos.
Compensar alguna prenda usada
El concejal explica que el acuerdo consiste en la devolución de los uniformes sin coste «excepto si se diera el caso de alguna prenda que se haya utilizado por los agentes, que se valoraría». Campos añade que, si bien se remitió una circular a los policías para que, por precaución, no usaran de momento la ropa, «puede que alguno haya usado alguna prenda básica, dadas las malas condiciones en las que estaban las suyas por la mala calidad de los artículos que adquiría el PP». «En ese caso el coste sería el mismo que si hubiéramos tenido que suministrarsela fuera de este contrato, por lo que no habrá perjuicio para el ayuntamiento», valora.
El asunto está ahora en manos del juez, ya que los populares de Torrent llevaron el caso a la Fiscalía por considerar que el pliego de condiciones del concurso favorecía a la empresa que resultó adjudicataria, donde se ha admitido a trámite. Para Campos, «todo este asunto ha afectado al buen nombre del ayuntamiento y la ciudad, cuando desde el principio cada paso que hemos dado estaba avalado por informes técnicos, a causa del afán de protagonismo de cierto concejal, más preocupado por ganar puntos ante la cúpula de su partido y el sector más ultraconservador radical, que de realizar una oposición a favor de los vecinos».
