Tanto la Fiscalía como la acusación (ejercida por el abogado Jorge Alarte en representación del PSPV local) han mantenido su petición de nueve años de inhabilitación para Lorenzo Agustí por la presunta prevaricación administrativa en la concesión del Auditori. Para la fiscal, la contratación del proyecto se hizo «al margen de la legalidad», ya que «no existió expediente de contratación y se hizo de forma verbal». Alarte recordó que él también fue alcalde para asegurar que «ni al alcalde del municipio más pequeño de España se le hubiera ocurrido adjudicar medio millón de euros sin publicidad, en su despacho, de forma verbal y sin el apoyo de informes de los funcionarios». El abogado defensor, por su parte, sostuvo que Agustí ha sido procesado por una «batalla política» y que siempre actuó en interés de los ciudadanos».
