La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nulo el acuerdo del pleno de Paterna de septiembre de 2013 por el que se modificó el Plan General de Ordenación (PGOU) para impedir la implantación de tanatorios en el casco urbano de la localidad. El contencioso ha estimado el recurso que presentó también en 2013 la funeraria Ábside Quart SL después de que el consistorio, con esta modificación del PGOU, le impidiera abrir sus instalaciones en el barrio de Santa Rita, atendiendo así al rechazo a este negocio por parte de los vecinos.

Tras esta sentencia a su favor, el gerente de Ábside Quart, José Bondia, señaló ayer a Levante-EMV que estudiará recuperar su proyecto empresarial en Paterna para unirlo al tanatorio que tiene en funcionamiento en Vilamarxant. Por su parte, el gobierno local que preside Juan Antonio Sagredo (PSPV) se limitó a a asegurar ayer que «el ayuntamiento está estudiando diferentes vías para conciliar las resoluciones judiciales con las reivindicaciones vecinales».

Los hechos se remontan a septiembre de 2013 cuando el pleno de Paterna, con los votos a favor del gobierno del PP y del PSPV en la oposición, aprobó de forma definitiva la modificación número 62 del Plan General para que los servicios de tanatorio-crematorio sólo pudieran instalarse en las zonas industriales. Tras ese pleno y varias protestas vecinales se paralizaron las obras que comenzó la empresa en virtud de unas licencias de obra menor y ambiental solicitadas a principios de 2012 para el servicio de tanatorio „«nunca crematorio», aclara Bondia„, en la calle Viriato. La firma asegura que las manifestaciones, de apenas unas decenas de ciudadanos, no fueron representativas del sentir de la población.

Según recordaba ayer José Bondia, su funeraria planteó tres contenciosos contra la resolución del ayuntamiento de modificar el PGOU para limitar la instalación de tanatorio en los polígonos industriales, lo que en la práctica le impedía abrir el suyo (y, a partir de entonces, cualquier otro) en el casco urbano. El primero fue sobre la retirada de las licencias de obras, que se resolvió a favor de la mercantil. El segundo ha sido el contencioso contra la modificación de la normativa, que también se ha resuelto. Y el tercero, que aún se está tramitando, es el recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Paterna por los daños y perjuicios causados tras la paralización de las obras y revocación de las licencias para la construcción de un tanatorio en el barrio de Santa Rita.

En marzo de 2015, la empresa valoró los daños en más de 2,27 millones de euros aproximadamente, según la reclamación que registraron ante el consistorio en julio de 2014 y que se desestimó por silencio administrativo. En su día, el gerente de la mercantil José Bondia aseguró que no habían tenido más remedio que acudir al juzgado «para evitar la prescripción de nuestros derechos», porque desde el gobierno local, encabezado entonces por la alcaldesa Elena Martínez, no les había recibido y se negaba a negociar una solución «satisfactoria» para ambas partes.

Ayer, Bondia se mostró dispuesto a negociar con el consistorio una rebaja en la indemnización solicitada en los tribunales «siempre que tenga algún gesto con nosotros. Nuestro objetivo no es que los paterneros paguen los errores que han cometido sus concejales».