El equipo de gobierno de Catarroja no recurrirá la setencia que le obliga a pagar 48.000 euros a ocho empleadas de la residencia pública por incumplir el convenio colectivo y recibir un salario inferior al que les correspondía. El bipartito Compromís-PSOE considera «justa la decisión» y cree que es «muy positivo que las trabajadoras hayan recuperado sus derechos que, en todo caso, no debían haber perdido nunca».
La sentencia, como publicó en exclusiva este diario, condena al consistorio a pagar a las ocho trabajadoras casi 48.000 correspondientes al año 2014 tras empezar a pagarles menos de lo que marcaba el convenio. El ayuntamiento defendió en el juicio que el presupuesto está limitado pero la jueza consideró que si había contratado a una empleada y la había adherido al convenio colectivo de residencias debía cumplirlo. El ejecutivo local actual recuerda que la denuncia se presentó en 2013 y «está vinculada» a la gestión anterior del PP.
