21 de abril de 2017
21.04.2017

Torrent pugna con el Consell desde hace dos años por la limpieza de un chalet

La Generalitat logró la propiedad en el juzgado al morir los dueños sin testamento ni herederos pero la aparición de otros descendientes paralizó el proceso - El consistorio reclama el IBI y el mantenimiento

21.04.2017 | 10:20
Torrent pugna con el Consell desde hace dos años por la limpieza de un chalet

Un farragoso proceso de titularidad en el que está envuelta la propia Generalitat Valenciana impide desde hace años que uno de los chalets más emblemáticos de la avenida de San Lorenzo, en el Vedat, tenga el mantenimiento y la limpieza adecuados, a la vez que priva al Ayuntamiento de Torrent de ingresar el IBI y otros impuestos municipales.

El asunto se remonta al inicio de la década de los años 2000 cuando la empresa de recaudación municipal Retosa inició un expediente por el impago de tributos que llevó a descubrir que el propietario según el registro, Jaime Blat Pascual, había fallecido el 24 de junio de 1955 sin testamento y su esposa, Natividad Fábregues Tuset, también había muerto en las mismas circunstancias el 17 de agosto de 1966.

En el año 2010 y en el contexto del expediente abierto, el equipo de Retosa averiguó que el hijo de ambos Fernando Blat, que fue abogado del Estado, había fallecido asimismo sin decendencia el 1 de junio de 2010. Por ello, la propia empresa de recaudación municipal instó a la Conselleria de Hacienda (y en concreto a la sección de Patrimonio) a que reclamase por vía judicial la propiedad dado que la ley reconoce esta potestad para las autonomías.

Finalmente el juzgado de primera instancia nº 28 de Valencia dictó un auto en 2012 el que se confirmaba su propiedad como heredera «ab-intestato» de la Generalitat. Y así lo comunicó la propia institución autonómica al consistorio. Sin embargo, indagaciones posteriores de la Generalitat sacaron a la luz que el heredero Fernando Blat Fábregues tenía, a su vez, dos hermanos de los mismos padres, María Teresa (fallecida en 2007) y Jaime (muerto en 1996), como consta en un escrito enviado por el Consell al consistorio en 2016. Por ello, la inscripción en el registro de la propiedad de la parcela y el chalet a favor de la Generalitat Valenciana quedó paralizada, a la espera de la resolución de un nuevo proceso judicial que aún está pendiente. la consecuencia es que actualmente este histórico chalé todavía sigue inscrito a nombre de su propietarios originarios, el matrimonio formado por Jaime Blat y Natividad Fábregues, a pesar de llevar muertos más de 50 años.

De forma paralela, desde hace al menos cuatro años, el consistorio ha recibido numerosas quejas de los vecinos del entorno, tanto de forma directa como a través de la asociación de vecinos, por el mal estado de la parcela, donde se acumulan basuras y vegetación crecida, y el edificio.

Por ello, desde el año 2014, el ayuntamiento comenzó a enviar órdenes de ejecución a los dueños, que no pudieron notificarse al haber fallecido. Aunque en Retosa las pesquisas estaban avanzadas, la información no llegó hasta Urbanismo hasta años después, cuando en abril de 2016, la propia Generalitat Valenciana comunicó que era la propietaria. De ahí que semanas después, se emitiera un decreto de alcaldía que ordenaba al Consell la limpieza de la parcela. El consistorio advertía de que en caso de incumplimiento se realizarían las tareas de forma subsidiaria con cargo a las arcas autonómicas.

En mayo de 2016, la dirección general del Sector Público de la Conselleria de Hacienda envió un escrito al consistorio en el que le notificaba que seguían tramitando la titularidad por la aparición de los nuevos descendientes por lo que alegó que era «jurídicamente inviable» cumplir el requerimiento y se ofreció a «coordinar acciones» en el futuro cuando adquiera la totalidad de la parcela.

Para el consistorio, el argumento no es válido y, tras un intercambio de escritos a lo largo del año pasado, en marzo emitió una nueva orden en la que se manifiesta que «no disponer de la totalidad de la parcela» por el momento «no exime» a la Generalitat del cumplimiento de sus obligaciones, ya que si en la tramitación aparece en el futuro otro propietario, le puede cargar el coste de los trabajos. Paralelamente, Retosa sigue reclamando el IBI y otros tributos, que ya suman impagos de 16.000 euros por lo que ha tramitado al registro de la propiedad una nota de embargo por se valor.

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