El futuro de la llamada finca de Franco Tormo de Aldaia sigue siendo incierto dos años después de que la dirección general de Patrimonio instara al ayuntamiento a adoptar medidas de protección y estudiar su inclusión en el futuro catálogo, que el municipio tiene la obligación de tener aprobado.

Meses después de la denuncia de un particular sobre la tala completa del jardín monumental que envolvía la bella casa de principios de siglo sin que mediara ningún permiso municipal, aún no se han adoptado medidas efectivas.

La dirección general de Cultura y Patrimonio envió a principios de septiembre un requerimiento al Ayuntamiento de Aldaia, en el que le solicitaba que informa oficialmente sobre «la realidad y la entidad de las alteraciones que ha experimentado el Huerto de Franco Tormo» respecto a su estado original, así como su existían permisos municipales que hubieran dado cobertura a las actuaciones denunciadas. Pero sobre todo, Patrimonio instaba a la institución local a «incoar expediente conducente a restaurar a la restauración de la legalidad urbanística infringida, en las que podría resolverse la restitución de las cosas al estado anterior, a cargo de promotor». Esta medida se propone para preservar «los valores culturales» que hace dos años Patrimonio señaló como merecedores de que la finca estuviera catalogada.

Por contra, fuentes del gobierno local de Aldaia han indicado que en el informe que han redactado los técnicos municipales al respecto de la tala del jardín, se indica que los ejemplares cortados «no pueden considerarse masa arbórea» ya que se limitaban a «unos cuantos cipreses, un pino -que no se considera monumental- y algunos arbustos». Por ello y frente al criterio de Patrimonio, el Ayuntamiento de Aldaisa entiende que no se ha producido una infracción por parte del dueño privado de la finca que merezca una sanción ya que se entiende que el dueño no tenía que pedir licencia para talar los ejemplares.

En su escrito, Patrimonio ha vuelto a recordar por tercera vez a Aldaia en un documento oficial la obligatoriedad de redactar un catálogo de bienes y espacios protegidos. La respuesta municipal ha sido la de solicitar a la dirección general tanto el asesoramiento técnico como recursos humanos para acometer esta obligación, informan fuentes municipales.