La audiencia preliminar contra Silvio Berlusconi por el caso "Mediatrade" fue suspendida ayer y las actas enviadas al Tribunal Constitucional, para que éste se exprese sobre la ley del "legítimo impedimento", que permite al presidente del Gobierno y los ministros ausentarse de cualquier proceso. En el proceso, Il Cavaliere y otras 11 personas están acusados por el delito de apropiación indebida y fraude fiscal.Por el momento, el caso queda suspendido también para el resto de imputados, entre ellos un hijo de Berlusconi, Piersilvio, y el presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri.

El recién nombrado ministro para la Actuación del Federalismo, Aldo Brancher, recurrió también ayer al "legítimo impedimento" para evitar el proceso en el que se le acusa de apropiación indebida. El nombramiento de Bracher ya había generado polémica a causa de su "inutilidad" en tiempos de crisis, según denunció la oposición, ya que existe un ministerio de Reformas para el Federalismo, que dirige el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, con las mismas funciones.

"A esto no se le llama sólo conflicto de intereses sino que se llama latrocinio de Estado llevado a cabo por personas que han llegado al poder sólo para poder robar legalmente", denunció el líder de Italia de los Valores, Antonio Di Pietro.