El gobierno municipal de Sagunt ha encargado a sus servicios jurídicos que busquen la fórmula para personarse en la causa judicial abierta contra la empresa estatal Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed) por sobrecostes en varias de sus obras.
Aunque no ha trascendido que la capital comarcal haya aparecido en la investigación que conducen la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco desde el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el concejal de Contratación, Pepe Gil, explica que «se está conociendo que todas las cuentas de Acuamed están hinchadas y algo nos puede afectar». En este sentido, la mejor manera de obtener toda la información es personarse en la causa y ese es el motivo que mueve al tripartito de Sagunt (Compromís, EU y ADN Morvedre).
El nacionalista precisa que «no sospechamos nada», pero «queremos estar seguros que Sagunt y la comarca se han librado de este caso». Gil añade que, más allá de la desalinizadora, el ayuntamiento también quiere explicaciones de las infraestructuras y servicios de Acuamed en la comarca, entre los que se encuentran el mantenimiento y explotación de la conducción desde el Turia, así como la potabilizadora, según destaca el concejal de Compromís. «El ayuntamiento no pagará lo que presuntamente se ha robado en Acuamed», sentencia Gil.
Y es que el consistorio tiene varios cabes sueltos con la empresa estatal, entre los que destaca la financiación de la desalinizadora de Sagunt y las conducciones hacia los polígonos industriales, que oficialmente, según informó Acuamed en su momento a Levante-EMV, costaron «de conformidad con el anexo de inversiones reales de los Presupuestos del Estado» 40 millones de euros, 34 para la construcción de la planta y 6 para las tuberías de distribución.
16,8 millones de fondos Feder
De esta cuantía, según la empresa estatal, cerca de 16,8 millones de euros procedían del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Esa cantidad, según se recoge en el convenio firmado en 2007 entre Acuamed y el Ayuntamiento de Sagunt, sería la única que las arcas municipales no se encargarían de reembolsar, ya que el resto lo debería abonar el ayuntamiento, en el caso de que la desalinizadora no cuente con los clientes suficientes para cubrir sus costes de amortización, mantenimiento y, en su caso, explotación.
Y es que la planta está completamente operativa desde el verano de 2015. Entonces se finalizaron las conexiones con los polígonos Parc Sagunt, Camí la Mar y Sepes, aunque la planta sigue sin producir ni un litro de agua desalada. Con tres clientes interesados, el principal escollo para empezar a dar servicio son las reticencias del Ayuntamiento de Sagunt, que sólo dará luz verde a ese suministro cuando se asegure que no tendrá que hacer frente a las obligaciones recogidas en el convenio, que estipulan un pago en torno a los 2,5 millones de euros anuales durante 25 años.
