El PSPV-PSOE pedirá la expulsión del alcalde de Torres Torres, Rafael Gil, del grupo municipal socialista después de que éste se haya negado a dimitir, tal y como le reclamó el partido en cuanto trascendió que el pasado viernes había eludido la prisión provisional tras pagar una fianza de 30.000 euros por su presunta vinculación con un grupo dedicado al cultivo y tráfico de marihuana, cocaína y armas.

La secretaría de organización del PSPV-PSOE a nivel provincial ha adoptado esta decisión al no poder expulsarlo del partido porque no es militante, según explicaba a este diario su responsable, Miguel Chover.

Además, ha asegurado que va a ofrecer su apoyo a una moción de censura con tal de arrebatarle la alcaldía a Gil, al entender que «no puede ostentar este cargo tras lo ocurrido» pues, como informó Levante-EMV, Gil está siendo investigado por fraude a la Seguridad Social, encubrimiento, pertenencia a organización criminal, cohecho, fraude y exacción fiscal.

Rafael Gil se ha negado por ahora a dimitir al defender su inocencia y entender que su detención no tiene nada que ver con el ayuntamiento, sino que está ligada al arresto de unos extrabajadores suyos, según explicaban allegados a él.

Tras su detención, como adelantó Levante-EMV, el PSPV local adelantó que el teniente de alcalde, Vicente Cabo, asumía la alcaldía de forma provisional por unos 15 días, mientras Rafael Gil definía su futuro político. Además, la secretaría de Organización a nivel provincial le abrió un expediente informativo en cuanto trascendió el arresto.

Gil se presentó a las últimas elecciones municipales por el PSPV-PSOE pero había sido teniente de alcalde del PP en al anterior mandato hasta que dimitió en 2014.

Su detención se ha enmarcado en la tercera fase de una macrooperación dirigida desde el juzgado número 4 de Sagunt que se ha saldado ya con más de 40 arrestos.

Los primeros se produjeron el pasado mes de abril. 22 personas pasaron entonces a disposición de la magistrada instructora, que ordenó prisión provisional comunicada sin fianza para doce de ellos.

Para otros 5 de los detenidos decretó prisión eludible con fianzas de 2.000, 3.000 y 5.000 euros. El resto, quedó en libertad. Todos están investigados (término que sustituye a imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en una causa abierta por tráfico de drogas (marihuana y cocaína), organización criminal, tenencia y tráfico de armas y falsedad documental.

La juez tomó también declaración a otros tres investigados (25 en total) que no habían sido detenidos por los agentes.

Las detenciones de abril, practicadas en Cataluña, en los partidos judiciales de Cervera, Balaguer, Lleida, Mataró y Barcelona, son el resultado de una operación conjunta de la Guardia Civil (EDOA) y los Mossos, que permitió desmantelar la ramificación catalana de la organización.

Entre los arrestados figuraba el jefe del grupo, sobre el que pesaba una orden europea de extradición dictada por Lituania por cuatro delitos de tráfico de drogas.

En el curso de la operación se realizaron 24 registros en los que los agentes se incautaron de 22 kilos de marihuana, 75 gramos de cocaína, dos kilos de sustancia de corte, 100 gramos de hachís, 440 planta de marihuana, 1.300 esquejes.

Además, de la droga incautada, la operación policial permitió la intervención de 203 armas blancas, 5 revólveres, 2 pistolas, granadas, ametralladoras y munición de distinto calibre.

Drogas y armas viajaban de Valencia a Cataluña para su posterior envío al extranjero.

Las diligencias en el Juzgado de Instrucción 4 de Sagunto se incoaron en abril de 2015.

A principios de junio, en la segunda fase de la operación, se detuvo a 15 personas. 11 ingresaron en prisión provisional, comunicada sin fianza. Los otros 4, quedaron en libertad con medidas cautelares.

La tercera fase del operativo se ha saldado con el arresto del alcalde de Torres Torres, de un empresario de Segorbe que la juez dejó en libertad con cargos y de tres guardias civiles que fueron puestos en libertad tras declarar en la Comandancia de la Benemérita en Valencia, pero están a disposición de la instructora, que les llamará a declarar próximamente, y tienen la condición de investigados.