29 de septiembre de 2016
29.09.2016

El juez ve indicios de que Huguet se ahorró 90.000 € en una casa por adjudicar un PAI

La policía deja en libertad con cargos a los tres empresarios y al exasesor de Blasco detenidos por presuntas irregularidades en Alfara y Quartell

29.09.2016 | 08:20
El juez ve indicios de que Huguet se ahorró 90.000 € en una casa por adjudicar un PAI

En libertad con cargos. Así ha dejado la policía a los tres empresarios y al exasesor del exconseller de Territorio y Sanidad Rafael Blasco detenidos este martes por presuntas irregularidades urbanísticas en la tramitación de Programas de Actuación Integrada (PAI) en Alfara de la Baronia y Quartell, dentro de la causa de la denominada «trama del fuego» a raíz de las denuncias relacionadas con la empresa saguntina Avialsa.

Se trata de los empresarios Jesús Domingo, Domingo Muñoz y Miguel Ángel San José Calabuig, y de Jesús Garrido, exasesor del exconseller encarcelado por un fraude de subvenciones al Tercer Mundo, Rafael Blasco, tal y como se recoge en un auto dictado este lunes.

Estas cuatro personas estaban siendo investigadas hace meses en una de las cinco piezas de la trama y se les atribuían, en diferentes grados, un delito continuado de cohecho, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales y de falsedad en documento público. Estos mismos cargos son los que mantienen tras haber sido detenidos y comparecido ante la Policía.

En la pieza de supuestas irregularidades urbanísticas, y según consta en el auto, se investiga si el exalcalde de Quartell y exvicepresidente de la Diputación de Valencia por el PP Francisco Huguet y el extenientealcalde Emilio Mañez beneficiaron a empresarios con la adjudicación de PAI a cambio de regalos o de inmuebles y plazas de garaje vendidos a un precio inferior a su coste real. Entre estos supuestos beneficiarios estarían los tres arrestados, junto al máximo responsable de Avialsa, el saguntino Vicente Huerta y el exgerente de esta última firma, el también saguntino Francisco Alandí.

La investigación se centra en diferentes PAI. Como ejemplo de la manera de funcionar, se encuentra el PAI de la Alquería Blanca de Quartell, adjudicado a una empresa de Jesús Domingo. Tras esta adjudicación, el entonces alcalde „Huguet„ y su mujer adquirieron de esta mercantil una vivienda unifamiliar en Sagunt, en cuya escritura se fijó el precio de compraventa por 275.369,45 euros, al tiempo que se determinó que en mayo de 2006 se pagaron 90.000 euros, sin determinar cómo.

En el contrato privado de compra-venta se fijó el precio en 329.354,63 euros, sin IVA, y este documento fue hallado con ocasión del registro en el domicilio de Huguet. Sin embargo, el precio que se fijó en la escritura de compraventa fue 257.354,63 euros, es decir, una rebaja de 72.011. Además, en la comparativa con una vivienda adosada similar a la adquirida por parte de Huguet, se fijó un importe de transmisión en la escritura de 348.688,23 euros.

Lo mismo hizo Mañez, quien en junio de 2007 adquirió junto a su esposa un unifamiliar en Sagunt, por 276.279,94 euros, si bien se determinó que 40.500 euros fueron pagados en efectivo el día 22 de junio de 2005, otros 90.000 fueron ingresados en la cuenta de la vendedora, y los restantes 145.779 mediante dos cheques. Sin embargo, no existe ningún recibí en cuanto a la entrega de 40.500 euros.

De ambas escrituras, la de Huguet y la de Mañez, existen, «como es obvio», señala el juez, indicios de que no se llegaron a pagar las cantidades mencionadas „los 90.000 euros de Huguet y los 40.500 de Mañez„ por el PAI concedido por Quartell a la empresa de Domingo.

Respecto al papel que jugó el exasesor de Blasco en la extinta Conselleria de Territorio, el juez lo nombra en el PAI Nova Alfara, que se cedió por parte de la UTE Nova Alfara a Prodaemi por 6.200.000 ? más IVA, respecto de la cual Avitractor había percibido 1.550.000. Ahí, supuestamente Garrido obtuvo una comisión por intermediar en la adjudicación del PAI. Además, adquirió una vivienda a través de una sociedad suya en Valencia, cuyo promotor era Prodaemi. Según el magistrado, la adquisición de la vivienda «no tiene más que fines dirigidos a facilitar por parte de Garrido la aprobación del PAI a favor de Prodaemi.

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