05 de noviembre de 2016

La oposición en Sagunt impone una mayor rebaja del IBI a las empresas que a las viviendas

Un caótico pleno que empezó con casi 50 minutos de retraso dio luz verde a unos tipos de gravamen que recudirán el recibo medio de «las familias» en algo más de 6 euros y en casi 2.800 el de las 65 industrias y comercios con inmuebles con valor catastral superior al millón de euros

05.11.2016 | 01:19
La oposición en Sagunt impone una mayor rebaja del IBI a las empresas que a las viviendas

Discusiones acaloradas, reuniones de última hora para desespero del secretario, enfados con subidas de tono, desconcierto sobre la propuesta que finalmente se votaba y sentimientos de vergüenza por el caos plenario. Así se resume el ambiente en el que el Ayuntamiento de Sagunt, más concretamente la oposición con los votos en contra del tripartito, aprobó ayer la rebaja del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para el próximo año.

Tras una sucesión de propuestas durante los últimos días, la negociación se alargó más allá de la última hora hasta el punto de obligar a que el pleno retrasara su comienzo en casi 50 minutos. A ese punto se llegó con el acuerdo de rebajar el IBI que afecta principalmente a las viviendas en una media de 6 euros por recibo, hasta situarse en un promedio de 231 euros, con un tipo de gravamen del 0,5.

El desencuentro se mantuvo en el que afecta a los inmuebles de uso industrial y comercial con valores catastrales superiores al millón de euros. En estos casos, en el que se encuentran 65 empresas de Sagunt, el tripartito mantuvo hasta el final su última propuesta, que suponía subir el recibo medio en algo más de 110 euros, aunque la oposición impuso su criterio de aplicarles una rebaja de casi 2.800 euros para pagar en 2017 un promedio de casi 21.000 euros.

Mientras varios portavoces coincidían en señalar la revalorización catastral de 2012 como culpable de la necesidad de bajar cada año el tipo de gravamen del IBI, la concejala de Hacienda, Teresa Garcia, aseguró que «no aceptamos el chantaje que supone la imposición de una posición política como es beneficiar a las empresas, ya ni siquiera al mismo nivel que las familias, sino mucho más. Estas industrias y comercios „añadió„ pueden aportar más, porque todas ellas facturan más de un millón de euros al año».

Sobre esta cuestión, la edila de Compromís señaló que esa postura «es lógica en el PP, pero no en el PSPV, que esconde la acción cómplice de los populares». Además de acusar a los socialistas de populistas y liberales, así como de hacer propuestas «descabelladas, que ponen en riesgo la prestación de servicios», la nacionalista alertó que «una bajada exagerada hoy puede implicar un significativo incremento para mañana, porque nos quedamos sin margen», en referencia al 0,4 que es el tipo más bajo contemplado por ley.

Cuestión de responsabilidad

Pese a todas estas pegas, Garcia justificó que el punto no se retirara del orden del día para evitar que imperara la postura de la oposición «por una cuestión de responsabilidad, porque no aprobar una bajada implicaría automáticamente que todos los recibos aumentarían un 10 %».

También desde el tripartito, Guillermo Sampedro (EU) destacó que «ser de izquierdas significa poner impuestos progresivos, para que pague el que más tiene, y justos. Aceptamos que nos quedamos cortos con la rebaja del IBI a las familias, pero nos parece de risa que se ponga a criticar el partido que permitió el catastrazo», en referencia al PP, que «no hizo nada contra la abusiva subida catastral, ni antes ni después de su aprobación», añadió su compañera Roser Maestro.

Desde la oposición, mientras, el portavoz popular, Sergio Muniesa, destacó la coherencia de su formación, en la que «siempre hemos abogado por mantener la recaudación por IBI urbana en los 15 millones de euros y no en los 16 que se fijaban con la primera propuesta del tripartito, cuando desde la oposición pedía que se rebajara a 13 millones».

Además de señalar la «contradicción» que, a su juicio, supone «impulsar un proceso reindustrializador y, al mismo tiempo, agredir fiscalmente de forma permanentemente a las empresas», el exedil de Hacienda se defendió de las acusaciones asegurando que «prefiero ser liberal a una apisonadora recaudadora».

El otro portavoz que defendió con más ahínco la postura de la oposición fue Paco Crispín (PSPV) quien, tras acusar de «demagoga» a Teresa Garcia, celebró que «les hemos bajado las pretensiones recaudatorias extremas». El socialista también se refirió a que «ser de izquierdas es bajar al gasto superfluo» y también señaló que «en un ayuntamiento con superávit es momento de dejar de sacar el dinero a los saguntinos».

Por su parte, Raúl Castillo (C's) negó las «alianzas diabólicas» de las que fue acusada la oposición, además de tildar la primera intervención de Garcia como «una fábula política sin cifras reales». Mientras, IP mostró su satisfacción por la rebaja del IBI.

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