Más de 330 inmuebles irregulares. Ese es el balance de Gilet en la campaña emprendida por la dirección general del Catastro, según informa el ayuntamiento. El alcalde, Salva Costa, añade que «esto supone una acción de justicia tributaria, ya que todo el mundo debe pagar por lo que verdaderamente tiene y había más de 300 inmuebles que de alguna manera eludían sus obligaciones, pero con esta regularización se igualan a los demás».
Además, el socialista ha anunciado que «vamos a investigar por nuestra parte si algunas construcciones también habían eludido las licencias de obra, pues también sería una discriminación frente a los que solicitan sus permisos para realizar cualquier reforma o nueva construcción».
Sobre el proceso de regularización, fuentes municipales precisan que «el valor catastral ha aumentado en casi 4,5 millones de euros». Mientras se comunica el resultado de este procedimiento a los propietarios para que puedan presentar alegaciones, todos los afectados deberán abonar como máximo cinco anualidades de las liquidaciones comunicadas, lo que supondrá un aumento de recaudación para la corporación municipal de 14.415 euros correspondientes al 2014, 16.626 de 2015,18.836 de 2016 y 22.758 de 2017.
Sobre las irregularidades detectadas en Gilet, 133 se correspondían con ampliaciones, 130 eran piscinas ilegales, 54 eran nuevas construcciones, mientras que 13 no habían actualizado el registro después de reformas o cambios de uso, según informa el ayuntamiento de La Baronia.
