otro pleno donde no hacen más que ponerse de manifiesto los «intentos constantes de limitar el ejercicio de un derecho fundamental: Sin libertad de expresión, no se garantiza tampoco el derecho a la información», ¿porqué les molesta?.

El alcalde le concede palabra al exalcalde José María Cataluña, dándole incomprensivamente «veinticuatro minutos en ruegos y preguntas», con la estrategia clara de intentar una persecución y un juicio inquisitorial al coordinador de EUPV, y por medio de varios folios extraídos de los artículos publicados en prensa (que son verdades contrastables en las grabaciones de los plenos a disposición de las/os ciudadanas/os) y va leyendo frases sueltas e inconexas extraídas de la prensa.

El Sr. Cataluña ironizó indicando que según Antonio Muñoz se salvaría la gran deuda municipal, cuando solo me hice eco de las publicaciones en prensa que repito textualmente, «el cálculo de las tarifas de la tasa se realiza de acuerdo con un estudio técnico-económico que se sustenta en un informe tipo realizado por Gonzalo Abogados y el gabinete técnico Valbuena y Ron Ingenieros para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El valor del inmueble se obtiene sumando el valor catastral del suelo rústico con construcciones al valor de las instalaciones, y la base imponible es el resultado de multiplicar ese valor del inmueble al coeficiente de relación con el mercado y la ocupación en metro cuadrado que corresponde a cada metro lineal. La cuota a pagar se sitúa en una horquilla entre 3.000 euros y 12.000 euros por metro lineal según el tipo de tensión -baja, media o alta-. En lo que respecta al gas, oscila entre los 500 euros y los 4.000 euros».

Obligación. Siento decirle que fue EUPV, la que con motivo de la publicación en prensa el 3 de enero «El Tribunal Supremo (TS) obliga a las eléctricas a pagar a los municipios por sus tendidos, establecido en cinco sentencias (sentencia del TS 5558/2016, de 21 de diciembre, recogiendo la doctrina de otras sentencias recientes)». Así como las manifestaciones hechas en Levante el 2 de febrero, del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez: «las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ley y, en el caso de la Diputación de Valencia, defender los intereses de los municipios de la provincia que tengan derecho a cobrar la tasa de ocupación de suelo a las empresas eléctricas y gasistas», así como las declaraciones del diputado de Hacienda, Toni Gaspar, «a Diputación pondrá todos los medios técnicos al servicio de los ayuntamientos para poder gestionar el cobro de la tasa».

Problemática escolar.