El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a la reclamación del Ayuntamiento de Sagunt para que la Generalitat se siguiera haciendo cargo de una parte de las nóminas de sus agentes rurales. El alto tribunal ratificó así una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que ya avaló las tesis autonómicas tras la decisión adoptada en plena crisis por la Conselleria de Agricultura de denunciar el convenio que le unía al consistorio desde 1991 al amparo del acuerdo para la cooperación en la prestación de servicios de interés agrario.

Este pacto contemplaba que el organismo autonómico se hiciera cargo de más de un 40 % de los sueldos de una docena de agentes rurales, que en el momento de la ruptura del convenio en 2012 se habían quedado en nueve, al jubilarse los otros tres. Según los argumentos municipales en aquel momento, el acuerdo entre administraciones tenía vigencia hasta 2026 y sólo para el ejercicio de 2012 supuso que no llegaran a las arcas municipales cerca de 161.000 euros.

La disconformidad con esta medida, en una postura que fue compartida por el actual alcalde, en aquel entonces en la oposición, Quico Fernández, se tradujo en la presentación de un contencioso, tumbado ya en dos ocasiones por la Justicia. Esta última vez, el Tribunal Supremo recuerda que la Generalitat ya advirtió de que el pago de una parte de las nóminas «no se mantendría si esos trabajadores adquiriesen la condición de funcionarios, con extinción de su anterior relación laboral».

Aunque el consistorio intentó añadir una adenda al convenio para que esa circunstancia no afectara a la subvención, los tribunales han determinado que su aprobación plenaria no fue suficiente para que se incorporara al convenio, ya que ningún responsable de la Conselleria de Agricultura la ratificó.

Esta derrota judicial le costará al ayuntamiento al pago de las costas, como ya había pasado en el TSJ, que en esta ocasión podrían alcanzar los 4.000 euros.