EEscuchado en un corrillo de los muchos brotados como setas en las últimas jornadas: «¿Sabes cuál es la gran diferencia de estilo, que no de fondo, entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps? Pues que el primero fue conducido ante el prestigioso sastre Antonio Puebla por el notario y notable Carlos Pascual, y el segundo lo fue ante un sastrecillo de Milano por el sobrino de Pajares...». No hay forma más irónica y esquemática de describir el tono de lo ocurrido en Valencia alrededor del caso Gurtel, sus protagonistas, antecedentes y posteriores derivaciones. Si bien prácticamente nadie duda de que el presidente Camps no se ha enriquecido como consecuencia de sus relaciones con la trama, salvo algún que otro cohecho impropio (por mucho menos fue arrojado a los leones el anterior secretario del PSPV, Joan Ignasi Pla), la mayoría coincide en que el presidente está amortizado políticamente y que su etapa como lider político tiene los días contados. Sus «pecados» en este mundo son mortales de necesidad: ha mentido al pueblo y elegido malas compañías, pero sobre todo ha puesto en peligro la estabilidad de su organización mostrando crudamente al desnudo sus carencias y debilidades. Justo lo contrario de lo que se espera y se exige a un lider profesional del que dependen multitud de cuadros dirigentes y, por otra parte, administra los impuestos de cinco millones de habitantes.

(Resulta curioso que los partidos políticos sólo se movilizan, como ahora el Partido Popular en todo este turbio asunto, cuando se sienten en peligro por el comportamiento de sus dirigentes, no cuando éstos yerran en la acción de gobierno, al fin y al cabo su razón de ser. Es la ley de la supervivencia: Mariano Rajoy ha estado conviviendo en paz durante años con el conocimiento o al menos la sospecha de que su partido se estaba financiando ilegalmente -es decir, de forma contraria a la ley-, pero no ha pestañeado hasta que la gran mayoría de los medios de comunicación -esta vez sí han actuado como auténtico contrapoder- se han puesto enfrente y puesto en peligro su propia posición).

Puede que la contraofensiva legal iniciada estos días permita a Camps mantenerse en la Generalitat en lo que sería una larga agonía hasta las elecciones. O tal vez dentro de unas semanas, siempre antes de Navidad -es el tiempo que marcan analistas y asesores políticos- deba arrojar la toalla ante la presión de su propio partido, la mediática y la de su propia inseguridad. Secuestrado por Ricardo Çosta -tardía, forzada e insuficiente su destitución- y atado por su apego al poder, Camps ha mostrado a la vista de todos carencia de reflejos y torpeza para manejar una situación compleja. Ya no volverá a ser el Francisco Camps de 2003, llegado con la aureola de una hoja de servicios impoluta a la Generalitat para limpiarla de los turbios manejos heredados. El Camps de 2009, para escarnio de sus seguidores, casi nos hace olvidar y convertir en «bueno» a su antecesor. Tal vez aguante en el Palau lo que le dejen, pero ya no podrá volver a acusar a la oposición de acabar con el orgullo de ser valencianos. Él y su gestión son quienes protagonizan al otro lado de Contreras los comentarios más mordaces y cáusticos sobre «lo valenciano».

Las últimas encuestas publicadas ofrecen, no obstante, la consolidación de la mayoría absoluta del PP en el Parlamento regional, lo cual se abre a múltiples análisis sobre el perfil sociológico de la sociedad valenciana, la calidad de la acción opositora del PSPV (siempre arrojando culpas a Madrid en lugar de depurar sus propias incapacidades), así como del silencio acomodaticio de los grandes agentes sociales. Si fue algo «underground» la escena de los socialistas el pasado 9 d'Octubre pidiendo la dimisión de Camps a las puertas de las Corts, como si de un partido extraparlamentario cualquiera -con todos los respetos- se tratara, más subterránea es la actitud de unos líderes de opinión que contemplan la decadencia y parálisis de la Administración autonómica, orgullo de los valencianos, con total parsimonia y una flema propia del «esto no va conmigo». Retumba el silencio, para muchos cómplice o tolerante, de las organizaciones empresariales y camerales, cuyas asociadas, cientos de miles de empresas y sus trabajadores, son las más afectadas por una parálisis gubernamental que se plasma -entre otras muchas debilidades- en la ausencia de estrategias de apoyo a las empresas, al comercio y a la exportación, los tres pilares sobre los que apoyar la batalla contra la crisis económica valenciana. Resulta difícil pensar que los empresarios se sientan cómodos con una etapa política saldada con la mayor deuda pública de la historia de la Comunidad, la mayor cifra de parados y los peores índices de fracaso y destrucción empresarial, por citar algo que no sea corrupción.

cruzs@arrakis.es

Blasco ya tiene con lo suyo

La Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal de Justicia Europeo al sistema de empresas mixtas de vivienda, de capital público y privado, creado por Rafael Blasco durante su mandato como conseller de Vivienda para ampliar el negocio de un puñado de promotoras a costa del comprador que pagaba lo que se le pusiera por delante con o sin ayuda oficial. La decisión vuelve a poner sobre la mesa el fracaso de la política de vivienda de la Generalitat diseñada por Blasco, una y otra vez sentada en el banquillo de la Justicia europea. La aparición de las empresas mixtas se produjo en el tiempo de máximo esplendor de la burbuja inmobiliaria y el objetivo confeso por la época de Blasco y los suyos era construir 65.000 viviendas de protección pública y nueva construcción, más otras 35.000 rehabilitadas, objetivo que nunca cumplieron dejando el terreno libre a la vivienda y los precios libres. De aquellos polvos vienen estos barros, pero ellos continúan vendiendo progreso.