Me acuerdo con las elevadas cifras de abortos y de manifestantes antiabortistas que esgrimen los organizadores de la masiva marcha de Madrid, al menos cien mil de los congregados han vivido una interrupción voluntaria del embarazo en su círculo más íntimo. Hijas, hermanas o madres de un contingente sustancial de los opositores al aborto han atravesado esa experiencia –dramática en todos los casos– sin que se conozca la actuación de sus allegados, que la equiparan a un asesinato. A mayor número de concentrados, crece la probabilidad de que se produzcan solapamientos entre ambos bandos.
Una persona puede estar contra el aborto aunque haya abortado. De hecho, en la concentración de Madrid intervino una mujer que se había sometido a esa intervención. Según sus palabras, la manipularon. Cuando menos, expresó su arrepentimiento, un gesto que no se extiende a partidarios silentes de la interrupción voluntaria del embarazo como José María Aznar. Gobernó España durante ocho años sin matizar siquiera la ley que implicaba un aborto libre aunque no gratuito. No se le recuerdan declaraciones en contra de esa tolerancia, ni siquiera ha confesado un cambio de opinión. También es curioso que el organizador de la masiva marcha fuera secretario de Estado durante ocho años en el mismo Gobierno del PP, y que sólo reparara en la atrocidad legislativa una vez evacuado del poder.
Del mismo modo que hay partidarios de despenalizar el aborto que nunca han abortado, también crece el número de antiabortistas que han abortado. Las clases pudientes resolverán siempre previo pago los embarazos no deseados, por lo que se defiende –conscientemente o no– una permisividad con los poderosos que se traduce en una doble esclavitud de las mujeres y los pobres. En cuanto al carácter estrictamente político del acto masivo de Madrid, ¿cuántos manifestantes hubiera reunido una marcha contra los seres humanos ya nacidos que mueren cotidianamente de hambre, un homicidio de autoría colectiva?
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