Crimen y urbanismo

Editorial

Con el ingreso del alcalde de Polop Juan Cano, acusado de ser el inductor del asesinato a tiros del ex primer edil de la población, Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007 ya son siete las personas que están en prisión. Ni la mente más perversa podría imaginar que un crimen así se llevaría a cabo por, supuestamente, intereses urbanísticos, según se apunta desde la investigación policial, aunque están todavía por determinar las causas.
En otros lugares la avaricia del mundo de la construcción y la corrupción política han llevado a concejales, alcaldes y otros altos cargos de ámbito autonómico a la cárcel, pero la Comunitat Valenciana marca así tétricamente la diferencia con el resto de los casos que han salido a la luz.
Las crónicas de sucesos nos han acostumbrado demasiado, nos han inmunizado a veces, a reconocer las razones de la violencia inmediatamente: celos, robo, drogas, prostitución, ambición… pero este crimen mancha la historia reciente del crecimiento territorial desbocado en la Comunitat Valenciana, en la que las ambigüedades legales, la mezcla de textos, la codicia por aprovechar el boom económico, la manga ancha, la política de baja estofa y el caos instalado para beneficio de pescadores de río revuelto sin escrúpulos son el trasfondo de este episodio, que parece sacado de una rocambolesca serie de televisión, de las que ahora menudean con pueblos como recurso escénico. La realidad resulta asoladora.
Urge despejar tan intrincado complot y dar castigo a quienes han acabado con la vida de un hombre, que además era un servidor público que debió soportar presiones que nunca llegaremos a conocer.