Lo vi por televisión y, aún así, no podía dar crédito a lo que veían mis ojos: Mariano Rajoy, en un acto del PP celebrado en Málaga, con una mata de tomates en su mano, declarando que los agricultores españoles eran los paganos de los errores y los disparates del Gobierno; y puntualizando que, tras el caso Haidar, «Marruecos ve reforzados sus intereses agrícolas ante la Unión Europea en detrimento de los agricultores españoles». ¿Cómo se puede permitir tanta demagogia y tanto populismo irresponsable un aspirante a la presidencia del Gobierno? ¿Es esa la mejor imagen de una derecha moderna española? Quizás mañana, si Rajoy tiene que gobernar, tendrá que gestionar las relaciones con nuestro vecino del Sur, y olvidar éste y otros muchos gestos desmedidos y fuera de sitio.

Sabido es que desde, hace ya algún tiempo, las relaciones comerciales (y más amplias) entre la Unión Europea y los países del Magreb se hallan canalizadas a través de la Asociación Euromediterránea; una Asociación potenciada por los gobiernos españoles de distinto signo por nuestro alto interés geoestratégico en la zona. El Acuerdo de Asociación Euromediterránea se firmó entre la UE y Marruecos en febrero de 1996 y entró en vigor en marzo de 2000, con la pertinente liberalización gradual de los intercambios comerciales mutuos en beneficio de ambas partes.

El establecimiento del área de libre comercio entre la UE y Marruecos se lleva a cabo mediante la progresiva desaparición de los aranceles y las barreras cuantitativas para los productos industriales, mientras que para los productos agrícolas hay unas concesiones comerciales recíprocas que se van ampliando en sucesivas negociaciones, la última de las cuales acaba de culminar recientemente. Ello indica que el sector agrario sigue siendo un ámbito donde se perciben ciertos intereses en conflicto. ¿Cuál es la magnitud real de dicho conflicto y cómo gestionarlo de manera conveniente para los intereses generales de ambos países?

Una apertura comercial recíproca tenderá a comportar un incremento de los flujos comerciales en ambos sentidos, Norte-Sur y Sur-Norte, y a generar también nuevas oportunidades para los actores de las dos riberas del Mediterráneo. Sin duda, dicha apertura implicará igualmente unos determinados costes sociales por los ajustes requeridos en los sectores menos competitivos, tanto en el Norte como en el Sur del Mediterráneo. En consecuencia, conviene aplicar unas políticas de acompañamiento que atenúen dichos costes sociales. En definitiva, el proceso de creación de un área de libre comercio Euromediterránea es lógico que incorpore también una liberalización de los intercambios agrícolas. Si España y otros países europeos tienen en la actualidad una ventaja comparativa en numerosos sectores industriales y en la propia agricultura continental, Marruecos y otros países del sur Mediterráneo la tienen en algunos productos hortofrutícolas. Ahora bien, se ha de compensar adecuadamente a los colectivos sociales que resulten afectados por el proceso de liberalización comercial agraria (tanto en el norte como en el sur) para apoyar el ajuste estructural que derive del mismo y potenciar el desarrollo rural. Sin demagogias ni populismos irresponsables.