El Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Costas, zanjaba ayer la polémica que se abrió cuando el mismo departamento remitió cartas a los merenderos de Pinedo y El Saler advirtiéndoles de que les retirarían la licencia si no cumplían con la autorización para ocupar 150 metros cuadrados, y no más. Los dueños de los merenderos comenzaron una protesta a la que se le unió la alcaldesa Rita Barberá, en primer lugar, y después, de forma decisiva, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en contra de la postura que lógicamente había expresado el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta. La apariencia formal que le ha querido dar el ministerio a esta moratoria es tan peregrina como perentoria, pero da satisfacción a los reclamantes y permite un plazo indeterminado para negociar, que es lo que pretendían los empresarios. En el camino, la imagen del delegado del Gobierno ha quedado bastante deteriorada, ya que ha sido el único que ha defendido la legalidad enfrentándose incluso a una Barberá que pedía para los bares de la playa lo que no le da a las terrazas de la ciudad. El dramatismo impostado de la campaña cesa de momento y se abre un período para que los empresarios de estas instalaciones, que han ido ganando superficie a lo autorizado, casi doblándola, se adapten a la legalidad, que como es lógico, ha de regir igual para todos. Su aspiración es que cambie la ley o que se transfieran las competencias a la Generalitat Valenciana.
