La Generalitat atraviesa la peor etapa política, económica y si me apuran «ética» de su historia, y eso que ha habido momentos tremendos en cuanto a corrupción se refiere (bien cercanos). Será difícil que se vuelvan a dar las circunstancias que se están conjugando en las últimas semanas en ese contenedor político llamado Generalitat Valenciana que hoy desprende un fuerte aroma de parálisis, opacidad, impostación y crisis. No es necesario referirse exclusivamente al sumario Gürtel, que también, en el que aparecen citados buena parte de los miembros del Gobierno valenciano como tertulianos de la trama corrupta y muestra evidentes síntomas de financiación ilegal del PP a través de un grupo de empresarios «punteros» de la Comunidad. De nada están sirviendo para tapar esa olla los patéticos intentos del Gran Manipulador, Rafael Blasco, por confundir a la desarmada opinión pública buscando injertar la raíz del escándalo en la infeliz oposición socialista. O que le secunden en esa operación de agit/prop los dirigentes del partido, la alcaldesa, los consellers, el secretario/marioneta del partido y el portavoz de la formación a nivel nacional, ese político orquesta llamado Esteban González Pons, personaje con muchas habilidades y virtudes entre las que no se halla la de la transparencia. El daño de la trama ya es efectivo sobre la imagen del partido, especialmente sobre la de su presidente. Y no es sólo Gürtel. También guarda la Generalitat dentro de sí una bomba de relojería en la figura de su vicepresidente Juan Cotino, del que algunos empresarios y miembros de su propio partido denuncian en privado actuaciones que estarían evidenciando presunta confluencia entre su gestión pública y sus intereses particulares. El plato fuerte de estas críticas, rechazadas vehementemente por Cotino, parte de su gestión en la Conselleria de Bienestar Social y las concesiones realizadas en 2007 a un grupo de empresas promotoras de residencias geriátricas. Ya es suficientemente conocido que Avia, firma controlada por la familia Cotino en la que participan otros empresarios, cuenta con el 50% de las plazas financiadas por el erario público y es la primer beneficiada por la política de Cotino al frente de Bienestar Social (¿no recuerda el vicepresidente que además de ser honrado hay que parecerlo?). Aún peor es la información aparecida recientemente en un periódico no sospechoso de ser contrario al PP en la que se señala a Cotino como propietario de los terrenos donde se podría levantar la futura planta de reciclaje de residuos nucleares y por la que el Consell y el PP han mostrado serio interés frente al rechazo de la agrupación del partido en la población afectada. Unas situaciones, ésta y la de Gürtel, que han quebrado seriamente la imagen corporativa del Consell rebajando notablemente su grado de honradez. Si a los asuntos citados (y otros, como el caso Fabra) se le suman los devastadores efectos sobre la economía valenciana de una gestión económica que ha desembocado en la deuda y el paro más altos de España, y a la mezcla le añadimos los efectos de la propia crisis económica global, el panorama regional se ha puesto francamente feo, no sólo para el «casero» del Palau de la Generalitat, sino especialmente para los contribuyentes valencianos que le sostienen. Como remate a este insufrible «pastel» se encuentran las imágenes repetidas y una y otra vez en los informativos de las televisiones de toda España con los derribos y desalojos violentos del barrio del Cabanyal, fruto de una clase dirigente, la oficial y la «B», incapaz de arreglar los problemas a la manera de las sociedades avanzadas: con talento y no a palos. Podemos imaginar qué ha sido de aquella linda imagen de la «nueva Valencia» que nuestros políticos lanzaban hacia el exterior hace tan sólo unos cuantos años. Aquel supuesto esplendor ha sido reducido a cenizas de corrupción y debilidad.
El aval. Qué fuerte y estrecha debe ser la amistad que une a Jaume Matas y al consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, y/o qué fuertes presiones debe haber recibido el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, para que ambos decidieran de forma consciente y calculada implicar su propia imagen personal, pero especialmente la imagen del banco y de la caja que ambos representan —lo más sagrado para una entidad financiera—, en el proceso judicial del ex presidente balear. Éste, faltaría más, tiene derecho a defenderse, a tener amigos y a que éstos le ayuden a pagar la fianza para no entrar en la cárcel, aunque tal vez —opinan muchos— deberían haberlo hecho a título personal y no utilizando los recursos de unas entidades que no sólo no les pertenecen sino que cuentan con respectivos consejos de administración que no fueron consultados (sólo informados) de la decisión. Ni los más acérrimos ejecutivos financieros de la «city» local entienden los motivos estratégicos de la concesión de ese aval a un evasor de impuestos confeso. ¿Habría sido igual si en lugar de un Gobierno regional bajo la sombra de la sospecha, la Generalitat hubiera estado gobernada por un ejecutivo temido por los corruptos?
Entre lobbys. Parece que los socialistas —algunos socialistas de Madrid, Leire Pajín casi con toda certeza— han decidido contraprogramar el lobby recientemente constituido por una veintena de empresarios valencianos. El miércoles por la noche ha sido convocado en un restaurante de la madrileña calle Atocha «el primer macrosopar de la colla Tirant lo Blanch de Madrid». La invitación ha sido enviada a una lista de más de medio centenar de personajes cercanos al PSOE o directamente socialistas con empleo y sueldo en la Corte, en la que se incluyen tal vez como coartada el diputado del PP Vicente Ferrer, el diplomático Fernando Villalonga, el consultor José Luis Sanchis y el obispo Antonio Cartagena (!). Figuran en tan variopinta lista políticos, periodistas y algún directivo de empresa pública. Senadores y diputados como Alborch, Lerma, Ciscar, Calabuig y Bono. Periodistas como Inés Ballester, Juan Antonio Blay, Julián y Jordi García Candau, Javier Valenzuela y Miguel Ángel Villena. Y directivos empresariales como Vicent Albero, Antoni Bernabé, Aurelio Martínez, Paco Pons (Confemadera) y Enrique Villarreal, junto con algún alto cargo de la Administración del Estado, como Inmaculada Rodríguez Piñero. Dejemos volar la imaginación: ¿con qué grupo de presión eficacísimo en Madrid podría contar la Comunidad Valenciana si empresarios, políticos y periodistas valencianos allí residentes —conservadores y progresistas, de izquierdas y de derechas— unieran sus fuerzas en lugar de ir cada uno por su lado y formaran una gran plataforma para potenciar la imagen y los intereses valencianos de todo tipo? Mucho más que el que pueda ofrecer cualquiera de las dos Valencias que se baten barrio a barrio por toda la ciudad.
