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Entre la 2.ª y la 3.ª República

 05:30  

Marga Sanz

Cuando se lee la Declaración de reparación y reconocimiento personal del Gobierno a Miguel Hernández, que comienza reconociendo la ilegitimidad de su condena y del tribunal que lo juzgó, parece que se vaya a llegar a la conclusión lógica: el reconocimiento de la nulidad de esa condena. Pero esta conclusión se elude en un documento redactado para la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, el cual deja patente la mezquindad de la misma: cuando por todos lados se hacen homenajes a la figura del poeta, su condena a muerte por el franquismo, posteriormente conmutada por prisión hasta morir en la cárcel, no ha sido todavía declarada nula. Lo cierto es que padecemos aún las consecuencias de que no se produjese en su día una «ruptura democrática» con el franquismo.
A diferencia de lo que pasó en el resto de Europa con el nazismo y el fascismo, la actual monarquía parlamentaria española supone una continuidad legal con el franquismo, en el seno del cual fue coronado Juan Carlos de Borbón. Por eso, cuando en el resto de Europa las sentencias del nazismo y el fascismo fueron declaradas nulas, en España no ha ocurrido lo mismo. Ni tan siquiera ha pasado con las sentencias que paradójicamente condenaron por «rebelión» a los que defendieron la legalidad republicana frente al golpe encabezado por Franco. La Ley de la Memoria Histórica tendría que haber supuesto la ocasión de enmendar esto. Si no se hizo, probablemente fue por miedo a sus implicaciones: el reconocimiento de que la democracia española solamente podía tener sus raíces en aquello que fue la II República, por encima del paréntesis del ilegítimo régimen franquista y sus prolongaciones. Y por eso también los «poderes fácticos», encarnados en este caso en un Tribunal Supremo lleno de herederos del régimen anterior, han arremetido contra el juez Baltasar Garzón.
La misma inversión del principio de legalidad que acusaba de rebelión a quienes luchaban contra la rebelión franquista se aplica ahora al juez que intenta conseguir justicia y reparación para las víctimas. De la misma manera que en el Cabanyal las policías han cargado contra los que defendían la legalidad frente a los derribos. Para la caverna no hay más ley que la defensa de sus intereses y privilegios, y la corrupción se convierte en la norma en lugar de en la excepción.
Continuamos esforzándonos, sin embargo, por el restablecimiento del principio de legalidad democrática, de acuerdo con el principio republicano que hace de la voluntad popular expresada democráticamente la única fuente de legitimidad y, por tanto, de legalidad. De manera que el franquismo y su continuación monárquica pasen a ser un paréntesis en la historia entre la Segunda y la Tercera República.

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