Razones para una huelga

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Luis Lozano

Para la Federación de Servicios Públicos de UGT, el diálogo social supone el mecanismo más eficaz de redistribución de la riqueza que hemos conocido. El diálogo social se sostenía hasta ahora con el compromiso gubernamental de no modificar ni plantear reformas de los asuntos que los sindicatos hemos considerado esenciales para el mantenimiento de la paz social.Un sistema fiscal equitativo que supusiera una mayor imposición a los que más recursos tienen y la defensa y mejora de los mecanismos de protección social como el sistema público de pensiones, la sanidad, la educación, el sistema publico de empleo y sus prestaciones o la generalización de la llamada ley de la dependencia, figuran entre las líneas rojas que los sindicatos hemos trazado y que el gobierno conocía que no podía cruzar sin arriesgarse a sufrir un importante conflicto de carácter social.
En el ámbito de los servicios públicos, el Gobierno planteó un acuerdo de legislatura hasta el año 2012, que suponía por parte de los empleados públicos la asunción de grandes esfuerzos al aceptar como nuestra contribución a la salida solidaria de la crisis unos incrementos salariales muy discretos (para el año 2010 el 0,3%). El pasado 12 de mayo, tras la reunión del Ecofin, el presidente del Gobierno cambia totalmente de posición y de un modo unilateral presenta en el Parlamento Español un paquete adicional de medidas para cumplir así con las exigencias del FMI en materia de reducción del déficit público español, y tranquilizar a los mercados financieros internacionales. El Gobierno que hasta hace unos meses alardeaba de ser la octava potencia económica mundial, consentía en ser tratado como un país tercermundista y aceptaba sin reservas todos los planteamientos del FMI.
Para ello, entre otras medidas, el gobierno reducirá el 5% el salario de los empleados públicos desde el mes de junio, y lo congelará en el 2011. Asimismo no planteará ninguna revalorización de las pensiones en el 2011 a excepción de las mínimas y de las no contributivas.
Este planteamiento gubernamental supone una quiebra total en la confianza que hasta ese momento los sindicatos habíamos depositado en José Luis Rodríguez Zapatero al conculcar el principio que rige toda negociación colectiva que como todos sabéis es el de la buena fe, lo que supone que las partes se sientan con la intención de llegar a acuerdos y una vez alcanzados tienen la firme voluntad de cumplirlos.
Nosotros rechazamos rotundamente las medidas anunciadas por el gobierno, porque además de romper unilateralmente los acuerdos y deteriorar la confianza en los agentes sociales, suponen hacer recaer las exigencias del FMI sobre las espaldas de los más débiles, los trabajadores y los pensionistas y no sobre las de los que son los auténticos responsables directos de la crisis. Todos sabemos que los culpables de este enorme desaguisado son justamente los mercados financieros que en los últimos tiempos han adquirido un marcado acento especulativo, abandonando las inversiones productivas. Los mercados financieros sin ningún tipo de control público han ido avanzando en voracidad especulativa sin límite.
Hemos visto por otro lado cómo otros gobiernos europeos como Portugal o Francia uno socialdemócrata y el otro conservador, a la hora de reducir el déficit han planteado medidas realmente equitativas, donde se puede observar como el peso de la salida de la misma se reparte realmente entre todos los sectores de la sociedad. Y eso es lo que queremos desde la UGT, una salida progresista y solidaria. Proponemos la recuperación del impuesto de patrimonio, la reactivación del impuesto de sucesiones, incrementar el IVA a los bienes de lujo, incrementos del IRPF a quienes más recursos tienen y una lucha decidida contra el fraude fiscal para hacer aflorar la economía sumergida que supone el 23% del PIB y unos 38.000 millones anuales de euros que deja de recaudar el Estado.
Hay otros caminos más justos para la salida de la crisis que no el simple tijeretazo a pensionistas y empleados públicos. Por todas estas razones hemos convocado a la huelga el 8 de junio a los empleados públicos. Tenemos motivos, argumentos y no estamos dispuestos a ser los únicos que paguemos una crisis que no hemos provocado.

Secretario general de la federación de servicios públicos de UGT-PV

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