La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, llegó a insinuar el pasado martes que el recorte de gastos del Ayuntamiento podría implicar que la Policía Local dejara de prestar servicios de seguridad ciudadana que a su juicio corresponden al Gobierno central. Se trata de un paso más en la estrategia de enfrentamiento político con el Ejecutivo que ha llegado a alumbrar iniciativas contrarias incluso al actual ordenamiento legal y próximas a lo que en el propio lenguaje del PP serían propuestas antisistema. Pues así cabe calificar el hecho, por ejemplo, de respaldar el incumplimiento de algunas leyes para beneficiar a determinados colectivos.
En todo caso, la batalla política difícilmente justifica que la máxima autoridad municipal juegue con un derecho básico como es la seguridad de sus administrados. Porque sus palabras pueden dar a entender que los agentes municipales van a desentenderse precisamente de garantizar esa seguridad, con las graves implicaciones que ello representa y la alarma que se puede sembrar. ¿Significa eso, por ejemplo, que la Policía Local no intervendrá en un atraco a un ciudadano en plena calle? ¿O que, por ejemplo, liberará de sus actuales tareas al medio centenar largo de agentes que trabajan como escoltas de los concejales?
El concejal Miguel Domínguez intentó ayer moderar de forma difusa estas intenciones. Pero el mensaje debe llegar claro para tranquilizar a los ciudadanos que puedan considerar amenazada su tranquilidad.
