Un centenar de muncipios valencianos tiene proyectada la construcción de cerca de 900.000 viviendas en sus planes generales de ordenación urbana. La cifra es, como mínimo, desconcertante y lleva irremediablemente a dudar de la efectividad del papel de regulación supramunicipal que tiene encomendado el gobierno autonómico. Se quiera o no es la Generalitat Valenciana la que ha permitido tamaña desmesura al tener la última palabra en la aprobación de las propuestas de planimetría urbanística de los ayuntamientos. Y lo peor de todo es que el oscurantismo estadístico es total. No se han hecho públicos desde hace más de diez años datos globales de las reservas de suelo urbanizable de los municipios valencianos. En los últimos años, la borrachera de cemento ha sido inexplicable.
Y si para muestra basta un botón, el caso de Cullera es paradigmático. Con las brasas aún candentes en la opinión pública por la presentación a finales de 2004 del proyecto del Manhattan, al norte de la desembocadura del Júcar, el pleno del ayuntamiento dio luz verde a dos planes urbanísticos para construir más de 15.000 viviendas al sur de la misma desembocadura, en diez millones de metros cuadrados de toda la franja litoral. Y no son los únicos, porque junto al límite del término municipal de Tavernes, la Conselleria de Territorio aprobó en 2007 otro plan urbanístico que contempla la construcción de 4.000 viviendas más. ¿Alguien se ha parado a hacer la suma? ¿Alguien reflexionó en su momento de dónde iban a salir los recursos para construir las infraestructuras necesarias para todas las viviendas proyectadas?
