La Comunitat Valenciana, como gran parte del territorio nacional, se caracteriza por su minifundismo municipal. Tan sólo ocho municipios superan los 75.000 habitantes. Casi el 75% de los ayuntamientos corresponden a pequeños municipios; en concreto, 234 tienen menos de 1.000 habitantes y 161, entre 1.000 y 5.000. Es, por tanto, una evidencia que una extensa parcela del territorio de la Comunitat Valenciana corresponde a ayuntamientos que tienen limitada su capacidad de gestionar recursos y, sobre todo, ofrecer servicios de calidad a sus ciudadanos. En este caso, el tamaño sí que importa.
Por ello, la Ley Valenciana de Régimen Local, impulsada por el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y refrendada por todos los grupos políticos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, da un importante salto cualitativo en la organización de los municipios. Plantea, por primera vez, interesantes y factibles alternativas para que el tamaño deje de ser un obstáculo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Precisamente, quiere evitar el éxodo que se da en numerosos municipios, en especial, en el interior.
La nueva ley dota a los municipios, sobre todo a los pequeños, de los instrumentos jurídicos y necesarios para que, como administración más próxima al ciudadano, pueda prestar en todo momento los mejores servicios. Se trata, precisamente, de evitar desequilibrios en numerosos ayuntamientos y, sobre todo, de frenar la salida de esos pueblos e impedir que sean más pequeños y, por lo tanto, que no desaparezcan.
Si bien la legislación básica estatal condiciona la obligatoriedad de la prestación de los servicios al tamaño del municipio, la Ley Valenciana de Régimen Local responde a este incremento competencial a medida que se tiene más población con fórmulas que sin conllevar la pérdida de identidad del municipios sí que garantizan la prestación de más y mejores servicios que no podrían prestarse de manera individual.
Por ello, una de las grandes novedades de la normativa es el régimen de gestión compartida, dirigido a los municipios de menos de 1.000 habitantes, es decir, casi la mitad de los existentes en la Comunitat. Este régimen abre la posibilidad de agrupar municipios para el sostenimiento de personal común o para la prestación de determinados servicios básicos no obligatorios en forma mancomunada o bajo cualquier otra fórmula asociativa. La ley favorece siempre en todo momento la supervivencia del municipio, pese a que su reducido tamaño puede ser un obstáculo para continuar existiendo. De ahí que se abran nuevas vías de colaboración entre las diputaciones y la Generalitat para garantizar la pervivencia del municipio.
En definitiva, la Ley Valenciana de Régimen Local supone un balón de oxígeno para los ayuntamientos, en especial, los pequeños ante una delicada situación económica. Cobra aún mayor relevancia el principio de autonomía municipal porque las corporaciones locales tienen un abanico de posibilidades superior que la normativa estatal para continuar trabajando por el bien de los ciudadanos.
Secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
