Tras un año y tres meses de desacuerdos en el reparto de plazas entre las distintas familias que lo componen, el Consejo General del Poder Judicial tuvo a bien nombrar ayer al sustituto, sustituta en este caso, ni más ni menos que de Juan Luis de la Rúa, titular del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia durante casi diez años, el último de ellos envuelto en polémicas y recusaciones por su más que amistad con F. Camps. La misión que le espera a la elegida contra todo pronóstico, Pilar de la Oliva, no será fácil. Quiere, y así lo declaró en su breve comparecencia de ayer ante la prensa, que «los ciudadanos consideren a la Administración de Justicia como una institución a su servicio y que puedan confiar plenamente en ella». Pero no es eso lo que opina el común de los mortales. La sensación de que la justicia dejó de ser segura —lenta lo ha sido siempre— ha calado muy hondo en la sociedad. Y familiaridades como la evidenciada con el poder por el presidente del TSJCV saliente no han hecho más que empeorar esta mala imagen.
Una mala imagen que Pilar de la Oliva ha prometido cambiar haciéndola «creíble, de calidad, transparente y eficaz». Ahí es nada. Como también se nos antoja complicado conseguir que se implique a fondo en la lucha contra la corrupción. Pero éste fue uno de los puntales de su discurso llamémosle electoral ante el CGPJ. Y aunque no parece que tuviera una influencia determinante en su elección , lo prometido es deuda y tendrá que demostrar ahora que no lo dijo para superar el examen. Casos no le faltarán. Y apoyos, dentro y fuera de la Administración judicial, tampoco.
